JESÚS GARCÍA CALDERÓN / Fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

"Dejar de combatir el 'botellón' puede ser prevaricación"

JESÚS GARCÍA CALDERÓN / Fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía / PABLO JULIÁ

MANUEL ALTOZANO

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) publicó el pasado jueves su memoria de 2004. Su titular, Jesús García Calderón, recuerda en ella a las administraciones que el botellón ha dejado de ser un problema menor para convertirse en un fenómeno de “contaminación múltiple” que a la vez es caldo de cultivo para otros delitos como el tráfico de droga, la conducción alcohólica, los daños o las lesiones. El fiscal jefe subraya que el Código Penal recoge la prevaricación omisiva para las autoridades que toleren reiterados incumplimientos de la normativa medioambiental. La memoria recomienda que se investigue a los inmigrantes que llegan en pateras antes de proceder a su devolución con el fin de desarticular redes de tráfico de personas y detectar posibles terroristas. Respecto al fenómeno de la siniestralidad laboral, aplaude la intención de Interior de crear una policía especializada como medida preventiva.

Pregunta. ¿A qué se debe la pasividad de las administraciones respecto al botellón de la que usted se queja en la memoria?

Respuesta. No es un problema nuevo. Tiene una vida de ocho o diez años. Siempre han existido este tipo de manifestaciones, gente que se congrega en un sitio para beber y divertirse, pero hasta ahora ha sido en días muy concretos y en espacios apropiados, fuera de los cascos históricos. Hoy este fenómeno comienza a incidir muy directamente en la ciudadanía. El primer toque de aviso fue la contaminación acústica, que ha dado lugar a sentencias de tribunales europeos que condenan a la administración por su pasividad. El Código Penal introdujo en 1995 la figura de las prevaricaciones omisivas que castiga a las autoridades que permiten infracciones medioambientales y esto es lo que se plantea ahora mismo. La solución no es proceder contra el infractor, que sería desproporcionado, sino exigir a la administración que ejerza una tutela. Para eso es necesaria una legislación que ha tenido éxito en otras Comunidades Autónomas.

P. Habla usted de delitos asociados a estas fiestas callejeras.

R. En el caso de los macrobotellones, lo que hemos llamado contaminación múltiple, percibimos que cada vez hay una incidencia mayor en algunas formas de criminalidad. A lo mejor no son delitos muy graves, pero afectan a bienes culturales, a la salud de la ciudadanía, tienen una influencia nefasta sobre el turismo, dan lugar a delitos contra la seguridad del tráfico, a la venta de drogas entre menores, al consumo excesivo de alcohol, a delitos de desobediencia a la autoridad, lesiones… Todo un elenco delictivo que debemos considerar.

P. ¿Cualquier ciudadano afectado podría acusar a un ayuntamiento de prevaricación con la legislación actual?

R. Para que sea así hay que definir y tipificar bien la infracción medioambiental. Lo primero es ver cuáles son las infracciones que la administración puede desatender para acusarla de de ese tipo de prevaricación. Si estuvieran bien perfiladas, los ayuntamientos tendrían un deber cuyo incumplimiento podría dar lugar a ese tipo penal. Otra posibilidad es recurrir a otros ámbitos [contencioso-administrativo] como en Valencia con la contaminación acústica. En ese caso también se trata de perseguir a la autoridad. Ese es el camino que han adoptado los tribunales europeos.

P. Algunas capitales, como Granada, confinan a los jóvenes en algunas zonas. Córdoba ha optado por los botellódromos.

R. Yo me inclinaría más por labores de concienciación social que alerten a los jóvenes sobre el peligro que tiene el excesivo consumo de alcohol y drogas. Se trata de evitar estas formas de entretenimiento. Confinarlos o meterlos en botellódromos son soluciones menores. Los jóvenes deben saber conjugar la diversión con el respeto a los derechos del resto de los ciudadanos. El objetivo debe ser acabar con el fenómeno.

P. Junto a la referencia al botellón, la memoria refleja un aumento importante de las causas de menores. ¿Están relacionadas ambas cosas?

R. Puede ser. Este año hemos pedido a los equipos técnicos de la Junta [que asisten a los menores durante sus juicios] que hagan un informe sobre consumo de drogas entre jóvenes infractores. La conclusión es que la presencia de estas sustancias incide muy directamente en la delincuencia. Pero la elevación de los índices delictivos entre los menores es algo que se produce cada año. También hay una elevación cualitativa, los delitos son cada vez más graves. Debe haber una relación entre ambas cuestiones. … ...

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