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Cádiz, 02/05/05
La Junta no prevé prohibir el consumo de alcohol en la calle
El Gobierno andaluz, que estudiará el informe de la Fiscalía que pide una ley contra el 'botellón', cree que normas como la de Madrid son ineficaces
N. Jiménez
En marzo de 2003, el entonces consejero de Gobernación, Alfonso Perales, aseguró que descartaba aprobar una ley autonómica similar a la presentada por el Ejecutivo de Ruiz Gallardón para prohibir el consumo de alcohol en la vía pública y, por ende, prohibir el botellón en Madrid. El presidente de la Junta, Manuel Chaves, consideró entonces que la iniciativa madrileña podría ser "ineficaz". Dos años después, el Gobierno andaluz insiste en que la solución no pasa por una ley restrictiva porque las experiencias en otras comunidades "no han funcionado". Sin embargo, alcaldes, partidos de la oposición y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) abogan por la elaboración de una norma autonómica que dote a los ayuntamientos de más instrumentos para luchar contra los efectos de la movida juvenil.La Consejería de Gobernación, gestionada por Evangelina Naranjo, espera tener en breve el informe anual de la Fiscalía del TSJA para estudiar las propuestas de su fiscal jefe, Jesús García Calderón, quien apuesta por la redacción de una ley específica para el botellón de corte medioambiental que obligue al ejercicio de la tutela adecuada por parte de la administración pública, primordialmente de la local. A su juicio, el fenómeno está adquiriendo dimensiones "muy preocupantes" y sus efectos se equiparan a una "contaminación múltiple", toda vez que genera residuos, ruidos y perjuicios visuales. Según fuentes del Gobierno andaluz, los ayuntamientos ya tienen competencias para aplicar medidas de esta naturaleza, de ahí por ejemplo, las ordenanzas sobre ruidos, e incluso podrían prohibir el consumo de alcohol en sus calles. "Es cierto que podría existir una norma marco, pero el problema está en cómo debe ser esa ley", apuntan estas fuentes.
El pasado mes de febrero, el alcalde de Sevilla, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, reclamó ayuda a la Junta y "otro marco legal" que dote a la administración local de más instrumentos para actuar contra los botellones. "Estamos obrando con mucha contundencia, pero no se nos puede pedir que quebremos la ley y, mientras no cambie la ley y no haya instrumentos más adecuados, es muy difícil que podamos hacer más de lo que hacemos", dijo el alcalde hispalense.
Aprovechando estas declaraciones, el PP exigió la creación de una norma regional en materia de ocio y convivencia que siente las bases legales de actuación de las administraciones locales para solucionar los problemas derivados de la movida y los botellones. Los populares aseguran que ya hay precedentes en Castilla y León, Extremadura, Murcia, Valencia, Canarias, Aragón, Cantabria y Madrid, comunidades que han regulado el consumo de alcohol en la vía pública, bien prohibiéndolo expresamente, bien autorizando a los ayuntamientos a hacerlo.
El pasado viernes, los populares instaban al Gobierno andaluz a atender la propuesta del fiscal jefe del TSJA y a presentar una Ley de Calidad Ambiental y de lucha contra el ruido.
Sin embargo, Evangelina Naranjo defendió en el Parlamento el pasado día 1 de abril que la Administración andaluza está desarrollando normativas pioneras para ayudar a los ayuntamientos, leyes que –según dijo– contrastan con las medidas "de bombo y platillo" que se han adoptado en comunidades como la de Madrid, gobernada por los populares. El diputado del PP Ricardo Tarno denunció ante la Cámara la "cobardía política" de la Junta para afrontar el problema del botellón.
La consejera de Gobernación se refería en su intervención en el Pleno parlamentario a la modificación del seguro obligatorio de los establecimientos públicos, que se ha adaptado de acuerdo al tamaño del local, así como a otros cambios normativos referidos al derecho de admisión y a la obligatoriedad de disponer de vigilantes de seguridad en bares y discotecas, acotado a los de más de 300 personas de aforo. Estas medidas están orientadas a favorecer que los establecimientos más pequeños puedan adaptarse a las normativas vigentes, según fuentes de la Junta.
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