Una ley contra el 'botellón'

En efecto, dice la Fiscalía, en la celebración del macrobotellón se produce un triple modo de contaminación: la sólida, por la cantidad ingente de residuos urbanos que se despositan en la vía pública o en los portales de la zona escogida; la acústica, cuyos niveles de insoportabilidad son sufridos todas las semanas por cientos de miles de ciudadanos andaluces que no pueden descansar en sus casas por culpa del ruido, y la visual, en la medida en que las concentraciones juveniles deterioran el paisaje urbano, cuando no el propio mobiliario de las ciudades y pueblos, dejando un panorama de suciedad y desolación a su paso por los lugares de moda.

Desde este punto de vista, está claro que un hecho social de esta naturaleza y de dimensiones crecientes está requiriendo ya una regulación jurídica específica, saliendo del limbo actual en el que se cobijan algunas autoridades municipales y autonómicas para no hacer absolutamente nada. La desesperación de los vecinos y sus crecientes protestas ante la inhibición de los responsables públicos abonan la necesidad de una ley propia de la Comunidad Autónoma que sea capaz de afrontar este problema social indudable. Porque ya nadie duda de que no nos encontramos ante una difusa colisión de derechos, sino ante un conflicto social grave que, además, no tiene visos de solucionarse si continúa la situación actual. Por eso la iniciativa de la Fiscalía del TSJA no puede ser más oportuna. Hace falta que la Federación Andaluza de Municipios se movilice también en esta dirección, en su calidad de representación máxima del poder más próximo a la ciudadanía sobre el que recae esta problemática, y que los legisladores acometan en el Parlamento regional, como han hecho otras comunidades con más visión de futuro o más sensibilidad,la aprobación de una norma orientada a acabar con esta triple contaminación.

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