El Concello recurre el fallo que le obliga a pagar 264.000 euros a un afectado por la depuradora

La Voz

El Gobierno cangués decidió recurrir la sentencia que le obliga a pagar 264.000 euros a los propietarios de la vivienda más cercana a la depuradora de A Congorza.

La titular de la casa había presentado una reclamación ante el Concello en el año 2003. No recibió respuesta. Presentó entonces una demanda judicial. A juicio de la alcaldesa, el Concello hizo una mala defensa de sus intereses, que se sumó a la «mala xestión» del entonces alcalde, el popular José Enrique Sotelo, al no derivar la reclamación presentada por la propietaria hacia la empresa adjudicataria de la estación.

Los argumentos de la denuncia se basan en los daños a la vivienda y su pérdida de valor y también en los perjuicios a su. El juez estima que la perjudicada no tiene por qué soportar el daño causado.

La depuradora de Cangas se empezó a construir en noviembre de 1994, siendo alcalde Chapela Seijo. Las obras concluyeron en mayo de 1997, empezando a funcionar en período de prueba. El gobierno local, un cuatripartito presidido por el nacionalista Euloxio López, adjudicó la gestión a la empresa Pridesa, que había presentado una baja considerable al concurso. En 1998, esta compañía tomó el control de la estación. Al poco, empezaron las quejas vecinales por los olores, ruidos y los vertidos sin depurar al mar.

Pridesa fue absorbida por Acciona, pero las quejas continuaron. La zona de Balea se convirtió en uno de los puntos de la ría en los que se detectó contaminación. La Xunta decidió realizar obras para evitarlo tras la amenaza de la UE de sancionar a España. En 2007 adjudicó por algo más de un millón de euros trabajos de mejora en la red de saneamiento y la instalación de un sistema de desinfección. Las obras concluyeron en enero del 2008, pero la desinfección con rayos UVA no llegó a estar operativa.

La alcaldesa negocia con Acciona una rescisión amistosa del contrato. Confía en que la nueva adjudicataria mejore el funcionamiento de la depuradora. Clara Millán insiste en que la solución no es sancionar a Acciona, sino buscar una salida al problema.

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