Cárcel para el inspector municipal y registro en la sede del Eixample

La jueza dicta prisión eludible con fianza para un ingeniero e interroga a más amos de prostíbulos
Los investigadores sospechan que la red corrupta puede haber actuado en más zonas de la ciudad

J. G. ALBALAT

El funcionario Manuel Martínez, ayer, a la salida del registro de la sede del distrito del Eixample. Foto: FERRAN NADEU

Pero antes de que entrara en la cárcel, los Mossos condujeron al funcionario a su despacho en la sede del distrito del Eixample, en la calle Aragó, para registrarlo. Los investigadores sospechan que la red corrupta puede haber actuado en otras zonas de la ciudad.

Sin ir más lejos, el inspector encarcelado trabajó en Ciutat Vella hasta el 2001 y el ingeniero Joaquín Quílez Mata, para quien la magistrada dictó prisión eludible con una fianza de 15.000 euros por cohecho, ha realizado informes para locales repartidos por toda Barcelona.

"Quílez es una persona muy conocida y ha elaborado informes técnicos para locales de toda Barcelona", aseguró ayer a este diario una persona que ha tratado con este ingeniero industrial que figura en el Registro Mercantil como administrador de siete sociedades. Los Mossos se han incautado de decenas de documentos durante los registros que se efectuaron el martes en su despacho profesional, en la calle Numància, y en su domicilio particular.

EXPEDIENTE

Los agentes también entraron en la residencia particular de Manuel Martínez, que supuestamente percibió dinero, a través de la intermediación de Quílez, que provenía de los dueños de locales que pretendían regularizar la situación de sus negocios o conseguir licencias de apertura o de acondicionamiento.

Y ayer, los Mossos, bajo las órdenes de la jueza, registraron durante unas dos horas el despacho del funcionario en la sede del distrito del Eixample. Media docena de agentes, acompañaron de un secretario judicial, se llevaron dos cajas repletas de expedientes vinculados al detenido, que gestionaba las licencias y las inspección de locales, tanto de ocio nocturno como de otras características, como hostales.

Y un ejemplo de esos manejos es la historia del pub Donegal. La exdueña del local, María del Carmen Ahijado, condenada a cinco años y medio de prisión por contaminación acústica, relató ayer que Quílez se le presentó como funcionario del Ayuntamiento de Barcelona en el distrito de Ciutat Vella (no lo es) y le exigió 9.000 euros para evitar tener problemas en su bar musical. Al final, pagó 6.000 en dos tandas.

Detalló que mantuvo una entrevista con el ingeniero en la sede del distrito para hablar de las denuncias presentadas por los vecinos. La mujer se quejó de que "fue extorsionada" y explicó que remitió una carta describiendo lo sucedido al entonces concejal de distrito, Carles Martí.

ABOGADOS

Fuentes judiciales aseguraron que al abogado Fernando Martínez, que ayer depositó la fianza de 20.000 euros exigida para eludir la prisión, se le preguntó por el ingeniero Quílez pues, al parecer, había participado en trámites relacionados con un local. También depositó la fianza de 20.000 euros el letrado Alex Garberí. Los dos han presentado un recurso contra la entrada y registro en su despacho.

A pesar de que las actuaciones judiciales de los últimos días están relacionadas con la presunta trama de corrupción en la administración, la jueza y los fiscales no han dejado de lado las otras vías de investigación. Así, ayer declararon por la mañana en el juzgado como testigos cuatro propietarios de clubs de alterne.

La dueña de uno de estos locales relató con detalle que en una ocasión fue detenida y que en las mismas dependencias policiales le conminaron a que se pusiera en contacto con el abogado Martínez que, tras sacarla de los calabozos, cobró una minuta de 18.000 euros. En la trama de sobornos, extorsión y connivencia entre burdeles, policías, abogados y funcionarios municipales han sido imputadas 19 personas, de las que seis están en la cárcel.

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