El ayuntamiento pagará 12.000 euros por el ruido de una pizzería

El Tribunal Superior condena al consistorio al no tener licencia

R. Laguna

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha condenado al Ayuntamiento de Valencia a indemnizar con 12.000 euros a los tres vecinos de una pizzería que no tenia licencia de apertura y que producía mucho ruido. Esta familia pidió al consistorio que inspeccionara el local para que "cesara de inmediato el impacto ambiental acústico que sufrían en su domicilio particular".

Ante el silencio administrativo de los servicios municipales, los vecinos del restaurante denunciaron la molesta situación que venían padeciendo y el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Valencia les dio la razón condenando al ayuntamiento a indemnizar con 4.000 euros a cada uno de los tres moradores por daños morales.

"Estos vecinos pedían que se clausurara el local hasta que se legalizara cumpliendo la normativa vigente en materia de ruidos", explica su abogado, Raúl Burgos, del Estudio Jurídico Seronda, especializado en estos temas.

En su denuncia inicial, exponían que hasta su domicilio llegaban ruidos de extractores, golpes de sillas, mesas y puertas, por la actividad de la pizzería situada en el bajo de su comunidad. Por ello pedían al Ayuntamiento de Valencia la inspección de las medidas de insonorización y su licencia de actividad.

Cuando acudió el servicio de inspección, no se hicieron mediciones en todas las habitaciones ni con todos los aparatos mecánicos en marcha.

La sentencia explica que pese a las sucesivas mediciones, no se alcanzó el "total aislamiento acústico del local" y se permitió el "ejercicio de una actividad sin licencia de funcionamiento y con total conocimiento de la Administración".

Propuestas vecinales para J. Llorens

Por otra parte, la Associació de Veïns Arrancapins-La Petxina ha entregado a la concejala de Contaminación Acústica, Lourdes Bernal, una serie de propuestas sobre la declaración de Juan Llorens como zona ZAS. En concreto, los residentes estiman, entre otras, que algunas medidas para paliar que la situación que viven sería cortar el tráfico a la zona -algo que ya se ejecutó el viernes de la semana pasada-, no conceder más licencias para locales de ocio o retirar más pronto las mesas y las sillas.

Asimismo, la agrupación planteó la posibilidad de cancelar las licencias de actividad en los casos en los que el local cierre durante más de seis meses, puesto que "permitiría esponjar la zona de establecimientos".

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