EL PROBLEMA DEL OCIO NOCTURNO

El Concello instala medidores fijos de ruidos en el Humor y Azcárraga

A. Mahía / E. Silveira

Hubo moratoria. Estaba previsto que la ordenanza antibotellón comenzara ayer a aplicarse, pero anoche se pudo beber en la plaza del Humor. Eso sí, ante la estrecha vigilancia de la Policía Local, que se dedicó a informar a los pocos jóvenes que allí acudieron de que hablaran en voz baja y que recogieran los restos de botellas y vasos cuando abandonaran la plaza. Como así fue.

Lo más sorprendente de la noche, aparte de la escasa afluencia de jóvenes, fue que estos se dirigían a los agentes para pedirles permiso para beber. Lo nunca visto en el lugar, según reconocían los policías. La gente entraba en la plaza como si pisaran huevos, en silencio. Y nadie sacó las botellas de las bolsas sin antes consultar a la policía si podía hacerlo. Y lo hicieron alrededor de 25 jóvenes, cuando lo habitual es que ahí se reúnan cerca de un millar de personas.

Cierto es que tras un día lluvioso y con una noche que poco o nada invitaba a salir a la calle ?las calles del centro estaban prácticamente vacías?, la caída del botellón estaba garantizada, sobre todo tras las advertencias municipales de los últimos días.

Y si hubo moratoria con las sanciones por beber en la vía pública ?no las habrá hasta que la próxima semana se decidan las zonas de especial protección?,también la hubo con los establecimientos que vendieron bebidas alcohólicas por la noche. Los jóvenes que se juntaron en la plaza del Humor reconocían que adquirieron las botellas sin problema alguno, «como siempre». Así, en silencio, sin altercados y con una decena de agentes presentes, en labores informativas, transcurrió la noche.

Por otro lado, la concejalía de Medio Ambiente ha instalado esta misma semana unos medidores de ruido en las plazas del Humor y de Azcárraga, que la próxima semana serán declaradas zonas de especial protección. De esta forma, los técnicos pondrán hacer un seguimiento de la zona más constante y obtener los resultados para determinar si debe mantenerse o no la prohibición acordada. Los informes se presentarán públicamente cada seis meses.

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