|
   
|
Valladolid, 05/07/08
El juez ordena la protección policial del bejarano que ganó el juicio del botellón
El Juzgado admite a trámite la denuncia contra el alcalde de Béjar como imputado
ANA SANTIAGO
 Aspecto de la zona de El Regajo, en Béjar, tras la celebración de un botellón. / EL NORTE |
El juez ordena en el auto judicial, dictado el pasado día 3 de julio, la intervención de la Policía Nacional de forma previa incluso a la citación de los imputados. Pide al Cuerpo de Seguridad del Estado que «informe de las actuaciones realizadas para evitar los hechos denunciados».
Ramón Servate y Silvia Hernández, un matrimonio con dos hijos pequeños de 11 y 2 años de edad, sufren el acoso de cientos de jóvenes en su casa tras haber logrado, en una pionera sentencia a su favor, la prohibición de la celebración del botellón en su entorno y de haber conseguido el reconocimiento judicial al derecho al descanso sin ruidos ni molestias.
|
Fallo judicial: El Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Salamanca falló el pasado día 23 de marzo en favor de un matrimonio que denunció el botellón cercano a su casa por ruidos y molestias. Sentencia: Condena al Ayuntamiento de Béjar a pagar 6.000 euros a cada uno de los dos afectados y adoptar medidas de urgencia para evitar la práctica del botellón. Denuncia: El proceso de reclamaciones comenzó en el 2004 y la denuncia en el contencioso fue interpuesta en el 2006. |
«Los coches se esperan para bajar todos juntos tocando el claxon frente a nuestra casa e insultarnos, nos dejan todo tipo de basuras y excrementos frente a la casa y e incluso nos rompieron un cristal», destaca Silvia Rodríguez. La Policía Local, según manifiesta el matrimonio, acude a patrullar la zona pero sin detenciones ni identificar a los acosadores.
El juzgado en su auto ya admite la citación de imputados y reclama la sentencia judicial que ampara el derecho al silencio, descanso y protección del medio ambiente en El Regajo. La sentencia, fallada el pasado día 23 de marzo pero dada a conocer el día 30 de mayo, exigía al Ayuntamiento que adoptara las medidas necesarias para que estas ya tradicionales reuniones para beber y divertirse en las que no faltaban, según el texto judicial, el griterío de los asistentes, incluso petardos y cohetes y un continuo tránsito de coches, fuera erradicada del lugar.
El fallo responde a la denuncia presentada el 19 de mayo del 2006 al anterior equipo de Gobierno municipal, regido por Alejo Riñones (PP). La sentencia ordenaba la indemnización de 6.000 euros para cada miembro de la pareja denunciante y la adopción «inmediata de medidas necesarias para evitar la práctica del botellón». Tras hacerse pública, hasta cinco veces han presentado denuncia en la Comisaría de Béjar.
Según destaca el letrado que defiende a esta familia, Agustín Bocos, «una vez más han tenido que ser los juzgados los que protejan a los ciudadanos contra la pasividad y la prepotencia de los políticos». «El Ayuntamiento contaba ya con una sentencia firme que le ordenaba tomar medidas inmediatas contra la barbarie», añade.
«No puede, por lo tanto, ampararse, como ha hecho, en la falta de competencia o de medios para no intervenir». «Ahora contamos con otra resolución judicial que ordena abrir diligencias penales por delitos de desobediencia y obstrucción a la Justicia y prevaricación ambiental», añade el abogado.
La pregunta que debe responder ahora el alcalde «es si hubiese llegado hasta aquí este absurdo conflicto si las concentraciones se llegan a producir en la puerta de su domicilio en lugar de la de unos simples vecinos», concluye Agustín Bocos.
Más noticias de este mes | Último mes | Índice general de noticias
Página principal de ruidos.org