DENUNCIA DE LOS VECINOS

La fiscalía pide seis años de prisión para la dueña de un bar del Raval por exceso de ruido

El local no tenía licencia y siguió abierto pese a cuatro órdenes de clausura y dos precintos

EUROPA PRESS

La Fiscalia Superior de Catalunya solicita una pena de seis años de prisión y una multa de 64.800 euros por exceso de ruido para la propietaria de un bar musical sin licencia del barrio del Raval de Barcelona. El local siguió abierto pese a cuatro órdenes municipales de clausura y dos precintos.

En su escrito de acusación, el ministerio público sostiene que, el 7 de abril del 2005, la acusada, María del Carmen A. V., adquirió un bar restaurante de la calle de Nou de la Rambla y lo transformó en un bar musical sin solicitar el permiso correspondiente. Para ello, instaló ilegalmente un equipo de reproducción de música y cinco altavoces para amplificar el sonido.

Los cuatro inquilinos que viven en el piso situado justo encima del local empezaron a llamar a la Guardia Urbana por el exceso de ruido que emitía el bar desde las nueve de la mañana hasta las tres de la madrugada, y agentes de ese cuerpo policial llegaron a realizar 10 inspecciones entre el 2 de mayo y el 20 de septiembre.

Denuncia ante el distrito

Tres meses después de que empezara a funcionar, los afectados denunciaron ante el departamento de Licencias e Inspección del distrito de Ciutat Vella el funcionamiento ilegal del bar y la contaminación acústica causada tanto por la falta de insonorización como por sus clientes.

El 30 de septiembre, técnicos del Ayuntamiento de Barcelona realizaron la primera inspección del establecimiento y tomaran muestras sonométricas a las 10.30 horas que dieron un resultado de entre 43 y 43,7 decibelios, cuando el límite es de 35. El entonces gerente del distrito dictó una resolución administrativa instando a la propietaria a insonorizar el establecimiento en el plazo de un mes.

Sin embargo, el 14 de noviembre, el bar aún no estaba insonorizado y los afectados presentaron otra denuncia ante el departamento de Licencias. La fiscalía consideró que los hechos denunciados eran constitutivos de un delito contra el medioambiente y la salud pública, ya que el ruido perturbaba "gravemente la vida familiar y la salud física y psíquica", pero el gerente de Ciutat Vella señaló que el cierre del local era una medida "desproporcionada".

Inicio de acciones judiciales

Por eso, el 22 de diciembre, los afectados enviaron un requerimiento a la Gerencia y los Servicios Técnicos del Distrito antes de demandarlos por inactividad administrativa con lesión de derechos fundamentales. Al no obtener respuesta, denunciaron el caso ante la Fiscalia Superior de Catalunya e interpusieron un recurso contencioso-administrativo el 2 de febrero de 2006.

Al saber que los afectados habían emprendido acciones judiciales, el gerente de Ciutat Vella y el jefe de Inspección ordenaron una segunda toma de muestras sonométricas. El ayuntamiento emitió cuatro órdenes de clausura y precintó el local en dos ocasiones, medidas que la fiscalía calificó de insuficientes porque tras cada cierre, la dueña reabría el establecimiento.

El ministerio público le imputa un delito contra los recursos naturales, la salud pública y el medioambiente, por lo que pide seis años de prisión y una multa de 64.800 euros, y cuatro delitos de lesiones, por los que pide cuatro años de cárcel. También solicita la clausura temporal del bar durante tres años y una indemnización de 40.000 euros para los afectados.

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