La justicia reabre la investigación del ruido de los aviones de El Prat

La Audiencia de Barcelona estima el recurso de los vecinos perjudicados y de la fiscalía catalana
Los magistrados ordenan que continúen las pesquisas y se practiquen nuevas diligencias

J. G. ALBALAT

Un avión sobrevuela los bloques de Gavà Mar en octubre del 2006. Foto: ARCHIVO / ALBERT BERTRAN

Los magistrados de la Audiencia de Barcelona sostienen que el Juzgado de Instrucción número 3 de El Prat de Llobregat, que tramita las diligencias por las denuncias presentadas por vecinos de Gavà y de Castelldefels, no ha agotado todavía la investigación para el esclarecer la existencia o no de un presunto delito contra el medio ambiente.

En este sentido, destacan que el juzgado, por el que han pasado durante los últimos años varios jueces, no ha acordado, como debería haberlo hecho, diversas pruebas solicitadas en su día por las acusaciones. Por esta razón, ordenan que se practiquen algunas diligencias, desde pruebas documentales, nuevas declaraciones --se había requerido más imputaciones-- hasta informes periciales.

DELITO CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

Según el auto de la Audiencia, las acusaciones --Associació de Veïns de la Platja de Gavà, la Plataforma contra el Soroll i la Contaminació Química d'Avions, la Associació de Veïns de Gavà Mar y la fiscalía-- no solo han solicitado la revocación del sobreseimiento de la causa, al sostener que hay delito contra el medio ambiente, sino que también han solicitado la práctica de hasta siete diligencias de prueba documentales, una testifical, cuatro periciales y tres declaraciones de nuevos imputados.

Todas estas actuaciones, a las que se opuso la representación de AENA y el abogado del Estado, fueron desestimadas por el juzgado. Ahora sí que deberán realizarse algunas.

Los magistrados analizan en su resolución, en primer lugar, si debe considerarse o no finiquitada la fase de investigación y, por lo tanto, ha finalizado las diligencias de instrucción del caso. El tribunal alega que "no puede compartir el criterio" del juzgado de El Prat en el sentido de que se han practicado todas las pruebas necesarias e imprescindibles y "menos a la vista" de las diligencias pedidas por las acusaciones que no se han practicado.

CONFIGURACIÓN DE VUELOS

Con esta decisión, la Audiencia revoca el archivo dictado por el juzgado de El Prat el 2 de agosto del 2007 y su confirmación del 21 de diciembre del mismo año. La jueza que estaba al frente de la investigación argumentó que los hechos no eran constitutivos de "infracción penal", a la vez que defendió que tampoco se había producido una "transgresión de la norma administrativa".

Expuso en su resolución que "las configuraciones de vuelos establecidas conllevan el derecho a que se establezcan medidas de aislamiento y que la superación de los niveles de ruido no han de implicar necesariamente la comisión de un delito".

La jueza detallaba que se adoptaron todas las medidas para paliar los efectos producidos por el ruido de los aviones, como "la supresión de determinadas operaciones de despegue, los usos de las reservas de motores, las rutas de aproximación alternativas para reducir el impacto acústico y el sistema automatizado del control del ruido".

Y relataba que se había solucionado el problema al establecer la configuración oeste (aterrizaje por la Zona Franca y despegue por el mar) como preferente y limitando la modalidad que pasa por encima de Gavà y Castelldefels al 15% del total de operaciones.

El presidente de AENA, Manuel Azuaga, declaró el 18 de julio del 2007, a través de videoconferencia, que se cumplió con la normativa cuando se construyó la tercera pista del aeropuerto y que se invirtió una suma de dinero no prevista para minimizar el impacto acústico a raíz de la la queja de los vecinos.

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