Dos familias denuncian que el ruido de un bar vulnera sus derechos humanos

PACO MORENO

Plaza de Xúquer, donde viven las familias que han planteado la demanda

Andrés Morey, abogado que representa los intereses de dichas familias, rechazó ayer dar a conocer la dirección exacta de las viviendas, aunque sí dijo que en una de las viviendas uno de los afectados de manera directa por los ruidos nocturnos es un niño de cuatro años.

Esto ha influido mucho a la hora de decidirse a dar este paso, lo mismo que la respuesta dada por el Ayuntamiento cuando, a través de la asociación de vecinos, las familias reclamaron que caducase la licencia de actividad del local, al estar cerrado más de seis meses.

"Les dijeron que era una medida desproporcionada, lo que yo considero es una respuesta llena de desprecio hacia las familias. Hay mediciones en una de las viviendas donde el ruido que les llega sobrepasa el tope en 13 decibelios, lo que constituye una falta grave", indicó.

La plaza de Xúquer y alrededores está catalogada como zona acústicamente saturada (ZAS) desde los años 90. Esto supone que los bares de ambientación musical deben cerrar a las dos de la madrugada. "Hasta incumplen el horario de cierre".

La declaración de ZAS permite decidir la caducidad de la licencia de actividad, aunque el Ayuntamiento "no suele hacerlo; al final nos toca ir al juzgado como sucedió con una discoteca que ahora es un restaurante", añadió.

El proceso que ahora comienza con un recurso ante el Ayuntamiento irá seguido de otro en un juzgado. De ahí al Tribunal Superior de Justicia, para continuar por el Constitucional y acabar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Es posible que antes de llegar al último escalón se soluciones este asunto de manera satisfactoria para las familias, aunque la decisión es clara a la hora de acabar en las instancias europeas. Morey tiene una valiosa experiencia en este tipo de casos, con el precedente de otra vecina de la plaza Xúquer, Pilar Moreno, quien logró una sentencia favorable de dicho tribunal y una indemnización por daños y perjuicios de 8.000 euros.

"La cantidad que pedimos fue pequeña porque a nuestra clienta le bastaba con la satisfacción de ganar y lograr el cierre de la discoteca." Aquel fallo forma parte ya de la jurisprudencia española y hay juzgados que han aplicado su doctrina.

Aún así, desde que Moreno presentó la primera denuncia en el Ayuntamiento hasta el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pasaron siete años, desde 1997 hasta 2004. "La Administración española ha sido pasiva a la hora de poner freno al problema", decía la sentencia en uno de los párrafos.

"Está claro que las dos familias sufren la vulneración de sus derechos humanos, a la intimidad y a la integridad física", comentó el abogado, para decir también que una ley de 2002 daba un periodo de tres años para adaptar los locales de ocio a la nueva normativa de reducción de ruidos. "En 2005 debían tenerlo ya todo arreglado y no fue así. Pensamos que hay un desprecio total y absoluto hacia las familias".

Tras la reducción del horario de cierre de locales de ocio en el barrio de San José, los vecinos del pasaje Doctor Bartual Moret también lograron una sentencia favorable, que obligó al gobierno municipal a tomar la misma medida.

Ahora, una tercera sentencia esta vez del Tribunal Supremo ha obligado a la concejalía de Sanidad a realizar mediciones de ruido en un expediente similar para los locales de la calle Juan Llorens. La asociación de vecinos considera que los primeros ensayos, con el tráfico cortado durante dos fines de semana, siguen dando niveles de ruido "por encima de lo permitido", según precisó Antonio Puchades, portavoz de la entidad vecinal. Los residentes han pedido la reducción de horarios, aunque temen que la medida no se tome hasta después de este verano.

pmoreno@lasprovincias.es

Más noticias de este mes | Último mes | Índice general de noticias
Página principal de ruidos.org