Los vecinos de la calle San Martín denuncian que el bar 'Seven' sigue abierto

Recuerdan que el alcalde anunció su cierre hace días. El dueño dice que todavía no ha recibido la notificación

RAFAEL SÁNCHEZ

Imagen general de la rúa San Martín en la Puebla Vieja, con el bar Seven y otros locales, y el anuncio de venta de una de las viviendas del barrio / R. S.

Según adelantó éste periódico, esta decisión está relacionada con una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en cuyo fallo se condenaba al Consistorio laredano a indemnizar con casi 65.000 euros al vecino Francisco Javier Álvarez Martínez, «por los ruidos que ha venido soportando durante los últimos 28 años», al vivir justo encima del citado establecimiento. Los vecinos denuncian que no entienden «por qué se les sigue tratando como ciudadanos de tercera categoría».

Así las cosas, aseguran que la madrugada del viernes al sábado llamaron a la Policía Local a las tres y media de la mañana para protestar por el ruido que estaba metiendo otro bar que está ubicado justo enfrente al denunciado. Una vez con los agentes se personaron en el lugar «comprobamos que el bar que supuestamente el alcalde mandó cerrar, seguía abierto».

Además de la denuncia a la Policía, los vecinos hicieron lo propio con la Guardia Civil. Ante esta situación, la comunidad de vecinos de la zona ha realizado un llamamiento público al delegado del Gobierno para que, «ante la inoperancia del Ayuntamiento tome cartas en el asunto».

Adaptar las instalaciones

Con respecto a la resolución de Alcaldía, que remitió el Consistorio a los medios de comunicación hace unos días, cabe recordar que se anunciaba el cierre temporal del 'Seven', «mientras no adoptara las medidas necesarias para adaptar las instalaciones a lo establecido en la normativa vigente».

Ante esta apreciación, el secretario general del Ayuntamiento, José Carlos Cabello, aclaró ayer que en el citado decreto de cierre, se daba al titular del bar un plazo de diez días «para que alegara lo que considerara oportuno en defensa de sus intereses». Transcurrido ese periodo, Cabello advierte que «si el dueño no procede al cierre voluntario, el Ayuntamiento encargará que se precinte».

Sin embargo, cabe recordar que, a pesar de que el titular tenía que acatar la orden en un plazo de diez días, la resolución de la Alcaldía exigía que mientras durara el periodo de audiencia, el bar 'Seven' «debe cesar en la utilización de cualquier dispositivo reproductor musical, videográfico o televisivo susceptible de producir ruidos en el establecimiento hasta que cobre firmeza la medida provisional de clausura de actividad». Según fuentes municipales, «esta decisión se adoptaba para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los afectados». Pese a todo, los vecinos aseguran «que el 'Seven' sigue metiendo ruido».

La resolución y el dueño

Otro tema diferente es conocer si se le ha dado traslado o no de la resolución al propietario del bar denunciado. En este orden de cosas, este periódico comprobó ayer, lunes, que todavía no se le había entregado el documento al interesado.

Con respecto al anunciado cierre del bar, el alcalde aseguró en su comunicado que «se había incoado un nuevo expediente sancionador al citado establecimiento», el cual ya tenía uno abierto desde el año 2006, «pero que se encontraba paralizado a la espera del fallo del procedimiento judicial, que estaba en curso».

El alcalde, Santos Fernández Revolvo, explica además que las sanciones ante este tipo de problemas ascienden entre 12.001 y 300.000 euros, en el caso de incumplimiento por parte del titular del bar. También, desde el Ayuntamiento señalan que, nada más recibir la sentencia condenatoria el pasado lunes, 18 de agosto, se pasó a los servicios jurídicos municipales «para ser analizada».

Asimismo, la resolución de Alcaldía advertía al titular del 'Seven' de que los trabajos que se deban llevar a cabo, deberán contar con la preceptiva licencia de obras, por lo que el cierre temporal se prolongará «todo el tiempo que dure tal tramitación específica» que quedará sometida a comprobación ambiental, y en todo caso, aseguran, «hasta que se compruebe fehacientemente la adaptación del local a las exigencias correspondientes».

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