CITADOS A DECLARAR EN OCTUBRE

Imputados dos responsables del Ayuntamiento de BCN por tolerar los ruidos de la sala El Cangrejo

EUROPA PRESS

El juez de Instrucción número 23 de Barcelona ha citado a declarar en calidad de imputados a dos cargos municipales del distrito de Ciutat Vella para que aclaren sus responsabilidades en las molestias que presuntamente causó el ruido de la sala de fiestas El Cangrejo a los vecinos que residen encima del local.

En su resolución, el juez cita a declarar a finales de octubre al gerente del distrito de Ciutat Vella en el momento de los hechos, Jordi Parayre, y al jefe del departamento de licencias e inspección, Joan Carles Talens, por un presunto delito contra los recursos naturales, el medio ambiente y la salud pública y otro de prevaricación medioambiental.

Ilegalidad tras ilegalidad

El instructor, que actúa a instancias de una querella presentada por la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), también ha citado a declarar al propietario de El Cangrejo, Eugenio Julián Bergés, quien reabrió el local este verano tras tenerlo un año clausurado para reformarlo y adaptarlo a las exigencias administrativas.

El fiscal de Medio Ambiente relata en su querella que Bergés adquirió el local en 2002 con una licencia que le permitía explotarlo como bar y que lo convirtió ilegalmente en una sala de fiestas y espectáculos de transformismo. Además, destaca que el actual dueño del establecimiento carecía de la licencia de actividad, que se le denegó expresamente en abril de 2003.

A pesar de ello, Bergés, instaló ilegalmente un potente equipo de música y altavoces de amplificación de sonido que causaban ruido durante las horas de funcionamiento del local. Así, las molestias generadas los jueves, viernes y sábados por la noche perturbaban "la vida familiar y la salud física y psíquica" de los vecinos que residen encima de la sala.

Los cargos de distrito querellados, por su parte, dictaron una orden de cierre en octubre de 2005, aunque la Fiscalía mantiene que no la ejecutaron y que, en definitiva, "no hicieron nada para cumplir la legalidad e impedir la prosecución de la actividad contaminante, consintiéndola, permitiéndola y tolerándola".

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