Vivir por encima de los 30 decibelios

Un vecino de la calle Tejares deberá ser indemnizado por el Ayuntamiento por no atajar los ruidos procedentes de un pub

M. M. B.

¿PASIVIDAD?. Imagen de la zona de terrazas de la calle Tejares, el pasado viernes por la noche. / MANUEL PODIO

Quién así habla es un juez que hace cerca de un año condenó al Ayuntamiento de Albacete a pagar 25.000 euros a un vecino de la calle Tejares que, durante años soportó, y según asegura sigue soportando, daños y molestias por los ruidos y olores que llegan a su vivienda procedentes del pub que hay debajo de su casa. Aunque no es frecuente, algunos vecinos afectados por el ruido sí que llevan sus quejas hasta los tribunales.

La sentencia da un tirón de orejas detrás de otro a la actuación del consistorio. Según relata el juez, en el año 2000, antes de abrirse el pub, el Ayuntamiento ya recibió unos 40 escritos de vecinos oponiéndose a su apertura. «Pero la gravedad de la actuación municipal, o mejor dicho, de la ausencia de actuación», dice, se produjo al consentir que el establecimiento funcionase sin licencia de apertura durante dos años, existiendo ya denuncias por ruidos y vibraciones, que fueron constatadas por la Policía Local que comprobaron que se superaban los 30 decibelios permitidos como máximo.

Continuas denuncias

En 2003, y ante las continuas denuncias, el Ayuntamiento, por fin, abrió expediente y sancionó al local con un mes de cierre. Tras la reapertura, recoge la sentencia, las molestias continuaron. Tanto, que el vecino afectado y su mujer, llegaron a estar de baja laboral y en tratamiento psiquiátrico, por los ruidos que venían soportando desde hacía cinco años -cuando se dictó la sentencia-.

En su relato, el juez habla de que la Policía Local, a quien este vecino avisó más de 80 veces en cuatro años, tiene «poca o ninguna capacidad disuasoria» pues pese a las mediciones e informes que remiten al Ayuntamiento éste «poco hace al respecto». También crítica que se otorgarse la licencia, sin que el local cumpliese con las medidas de aislamiento que venían en el proyecto o que los técnicos de Medio Ambiente midiesen el nivel de ruido en la vivienda por el día, cuando el local funcionaba de noche.

Por todo esto, el juez llega a la conclusión de que el Ayuntamiento es responsable de la «violación constante de su intimidad personal y la de su familia», así como de los «daños físicos y psíquicos» que sufren los afectados. Este caso sigue en los tribunales, pues el afectado, que pidió una indemnización de 210.000 euros -cantidad que estima le costaría cambiarse de casa-, recurrió al Tribunal Superior de Justicia.

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