JUZGADOS

Una sentencia contra los ruidos de un bar desata un aluvión de denuncias

El fallo contra el Ayuntamiento por incumplir el decreto de cierre de un local anima a afectados de otras zonas a recurrir a los tribunales

Por tercera vez en menos de un año el juez de Lo Contencioso ha fallado a favor de un vecino de Barrio Peral y en contra del ayuntamiento de Cartagena por los ruidos de un bar. En esta última sentencia que la Administración recibió el pasado 18 de septiembre, el juez da la razón al demandante Salvador Sánchez Soto porque considera que el Ayuntamiento incumplió el decreto de cierre de un local que la propia Administración firmó. En este último fallo, el juez de Lo Contencioso obliga a las arcas municipales a pagar las costas del juicio.

Mientras el Ayuntamiento se enfrenta a esta sentencia, vecinos de las calles Príncipe de Asturias y Soldado Rosique también han recurrido a los tribunales para denunciar a la Administración por no impedir el ruido de los locales nocturnos en estas vías.

El caso de Salvador Sánchez, a quien según una sentencia del pasado julio, el Ayuntamiento tiene que indemnizar con 9.000 euros por los daños que le han ocasionado los ruidos del bar 'La Fiesta' en Barrio Peral, ha animado a otros particulares a pleitear con la Administración en los juzgados.

El Ayuntamiento tiene hasta el próximo 8 de octubre para presentar un recurso, ya que la sentencia no es firme, aunque fuentes municipales indicaron que lo más probable es que el equipo de Gobierno "acate la decisión debido a que la actuación de la Policía Local al comprobar el cierre del bar fue imprecisa".

Los hechos se remontan al 29 de marzo de 2006, fecha en que el entonces edil de Medio Ambiente, Nicolás Ángel Bernal, firmó el decreto de cierre del bar 'La Fiesta', en el Barrio Peral. Desde entonces y, pese a la denuncia del demandante y de la asociación vecinal, cada vez que la Policía comprobaba que el bar estaba cerrado lo hacía casi siempre por la mañana, cuando a esas horas es normal que los locales nocturnos permanezcan cerrados al público. Sólo durante una inspección el 24 de septiembre de 2006 comprobaron que el bar estaba abierto y procedieron al precinto del local, que posteriormente volvió a abrir al público, tal y como se comprobó de nuevo en febrero de este año.

Mientras la Policía no observó el citado local abierto en sus inspecciones, los vecinos de Barrio Peral denunciaron en varias ruedas de prensa que el bar seguía abierto y que las broncas y los orines en la calle de algunos clientes que salían del local ya de madrugada eran constantes.

El concejal de Desarrollo Sostenible, Joaquín Segado, afirmó el pasado miércoles en el pleno municipal que la concesión de una licencia "es un acto reglado que no dependen de una decisión discrecional del Ayuntamiento. De lo contrario, se cometería una prevaricación". Segado contestaba así a la concejala del PSOE, Caridad Rives, quien le exigió que apoyándose en la ordenanza municipal de ruidos se declare Zona Acústicamente Saturada el Barrio Peral.

Un único sonómetro

Segado argumentó en su respuesta que el nivel de ruidos no es el único parámetro que se contempla en el mapa de ruidos elaborado por el Ayuntamiento. En este sentido, el edil explicó que además de la contaminación acústica, se tienen en cuenta otros indicadores como la densidad de población que se concentra en una determinada zona, el número de locales con actividad comercial o el tráfico que soporta el área urbana.

Rives insistió en que "ya es hora de que Cartagena se tome en serio los problemas de salud generados por los ruidos" y destacó que en el municipio "sólo existe una patrulla de control ambiental, con un único sonómetro para una población de más de 200.000 habitantes. Estos medios son insuficientes para garantizar el cumplimento de la normativa". La socialista reclamó una patrulla permanente de la Policía Local para controlar los locales de ocio nocturno.

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