Los hosteleros de Juan Llorens y zona Woody renuncian a invertir para reducir el ruido

Los afectados queman sus licencias de actividad en protesta por el recorte de horarios

J. BATISTA

Hosteleros de Woody y Juan Llorens, quemando sus licencias

El acto, durante el cual se quemaron de forma simbólica las licencias de actividad que necesitan los hosteleros para funcionar (eran fotocopias), sirvió para anunciar que suspenderán “todos los esfuerzos dirigidos a la puesta en marcha de un plan de choque para minimizar el ruido”, según comentó durante el discurso el representante de los afectados de Juan Llorens, Nacho Pascual.

Pascual precisó después que no van a poner en marcha una campaña de mediadores del ocio que estaba prevista para el barrio de Arrancapins, el último de la ciudad que cuenta con una zona declarada acústicamente saturada, lo que obligará a cerca de 40 bares y restaurantes a reducir las horas de actividad tras una sentencia judicial.

“Estamos hartos de que un concejal del Ayuntamiento diga que en el puerto hay espacio mientras que otro, Vicente Igual, anuncia la ZAS antes de su tramitación”, criticó José Rebollar, portavoz de los negocios afectados en la zona Woody.

En el acto no se vieron representantes de la Federación de Hostelería, que siempre ha secundado e incluso impulsado estas protestas. “Los pasos entre el Ayuntamiento y la Federación de Hostelería son muy lentos. Van a acabar con nuestros negocios. Ya se han acabado las medidas como mediadores sociales.

Nos estamos arruinando y vamos a destinar nuestros recursos en abogados y acciones legales, ni dobles puertas ni nada. Cuando se sienten a hablar, nuestros establecimientos estarán cerrados”, criticó Rebollar, visiblemente enfadado, después de agradecer el apoyo que ha prestado la Federación a los bares y restaurantes afectados.

“Ningún empresario realizará ninguna inversión porque no sabemos qué va a pasar. Queremos hablar con el Ayuntamiento porque creemos que con un granito de arena seguro que conseguimos evitar los recortes horarios, lo que supondría la ruina para nosotros”, explicaba Pascual.

“En Juan Llorens, son siete los vecinos que han conseguido la ZAS. Si se pregunta en cualquier finca, la mayoría dirá que no les molesta el bar de abajo”, sentenció el portavoz, quien también confirmó que han solicitado una reunión con el Ayuntamiento para buscar una solución. “Teníamos pensado impulsar mediadores sociales para concienciar a la gente, pero hemos decidido que lo haga la Administración, que es quien ha tomado la decisión de cerrar”, señaló.

Medidas correctoras

Los hosteleros consideran que reducir los horarios de forma general castiga a aquellos que han cumplido con las ordenanzas, por lo que exigen medidas correctoras para aquellos bares que acumulen denuncias. Además, consideran que una mayor presencia policial permitiría evitar la concentración de gente en la calle y el botellón, importante fuente de contaminación acústica durante la noche. “Con el recorte de horarios se va a fomentar que la gente se eche a la calle o las fiestas privadas”, prosiguió Pascual.

El portavoz de los hosteleros también señaló que van a recurrir la sentencia del Tribunal Supremo que pide al Ayuntamiento que declare zona saturada las inmediaciones de Juan Llorens. También aclararon que la sentencia no obliga a recortar horarios, sino a declarar la ZAS, que comprende medidas como cierres de tráfico, suspensión de nuevas licencias o la imposibilidad de organizar actividades en la calle, además del adelanto del cierre.

Respecto a la posibilidad de trasladarse al puerto, una opción defendida por el concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, los hosteleros señalaron que sería una buena oportunidad, pero comentaron que carecen de información.

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