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Oviedo, 26/07/07

El gerente de Caleras de San Cucao será juzgado por el exceso de ruido de la empresa

El juez entiende que la explotación casi triplica el límite permitido, lo que hizo enfermar a una vecina de Llanera. Piden para el empresario 4 años de prisión
Idoya RONZÓN

Caleras San Cucao El gerente de Caleras de San Cucao S. A., Sidercal S. A. y Sidercal Minerales S. A., José Vázquez Pérez, será juzgado por un delito contra el medio ambiente. El titular del Juzgado de instrucción número dos de Oviedo, Ángel Sorando, ha acordado la apertura de juicio oral contra el empresario, pese a la oposición del ministerio fiscal, ya que considera que hay indicios suficientes de que la explotación produce ruidos excesivos, incluso en horario nocturno, que han provocado a una vecina de Agüera (Llanera) un trastorno ansioso-depresivo, con estrés crónico.

Se trata de la primera vez en Asturias que un asunto de estas características se juzga por la vía penal y de la segunda a nivel nacional; hubo un caso anterior en Castellón, con sentencia condenatoria, según fuentes jurídicas.

El juicio se celebrará en un Juzgado de lo penal de los de Oviedo, en una fecha aún por determinar. Tras el auto de Sorando, notificado ayer, se dará nuevo traslado al fiscal de Medio Ambiente de Asturias, Joaquín de la Riva, que había pedido el archivo de la causa, para que formalice su calificación de los hechos, es decir, para que presente en el Juzgado el escrito en el que acuse o no al empresario.

La apertura de juicio oral contra Vázquez Pérez se basa en la petición de la acusación particular, ejercida por el abogado ovetense Javier Junceda en representación de dos de los vecinos afectados, el matrimonio compuesto por José Antonio Sánchez Suárez y Manuela Bernia González (la mujer diagnosticada de estrés crónico a causa del ruido).

En su escrito de conclusiones provisionales Junceda pide que se condene a José Vázquez Pérez a cuatro años de prisión, multa de 25.200 euros, inhabilitación especial para administrar empresas durante tres años, así como clausura del recinto industrial durante dos años y el abono de todos los gastos derivados del juicio, incluidos los de la acusación particular.

Sorando se basa en mediciones acústicas realizadas por el Seprona y rechaza las aportadas por la defensa, ya que fueron hechas a petición del empresario, «por lo que es de suponer que estaba prevenido», apostilla. Según el magistrado, se supera «de forma notoria» el nivel de ruido permitido -«casi se triplica»-, y esto, afirma, sucede incluso de día.

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