La presión ciudadana obliga a cambiar la orden policial sobre el control del botellón

JUAN J. BORRERO

La presión vecinal contra el botellón sitúa a la Alameda en el objetivo de todas las miradas este fin de semana. La Plataforma contra el Derecho al Descanso tiene previsto denunciar hoy la pasividad del Ayuntamiento ante la Fiscalía y anuncia que en caso de celebrarse botellones esta semana acudirán directamente al juez para denunciar el incumplimiento de la Ley por parte del Ayuntamiento.

Esta misma noche los vecinos se movilizarán trasladando sus sillas y mesas a la calle para «vigilar» qué recursos utiliza el Ayuntamiento para hacer cumplir la Ley. Mientras la denominada «Asamblea por el Libre Uso del Espacio Público» ha animado a acudir esta noche a a La Alameda para apoyar su lema «la calle es de todos».

Una convocatoria en la que pide que los participantes acudan «sin bebidas» pero pertrechados de cámaras «para poder grabar posibles abusos policiales». Esta organización, vinculada al Foro Social y cuyos planteamientos son similares a los que marcaron la objeción de Izquierda Unida frente a la Ley aprobada por el Parlamento andaluz, tenía ayer constancia de que habrá hoy «despliegue policial» en la Alameda.

El debate así planteado deja en el ámbito policial todo el protagonismo. El Gobierno municipal guarda un mutismo absoluto sobre el asunto a pesar de las acusaciones sobre dejadez de funciones y su supuesta vulneración de la Ley al ordenar la no intervención de los efectivos de la Policía Local en esta zona para asuntos relacionados con el botellón y desviarlos a la Policía Nacional, cuerpo sólo competente en materia de seguridad ciudadana. Ayer, el portavoz en Sevilla del Sindicato Profesional de Policías Municipales, Manuel Bustelo, señalaba el origen del conflicto «en una mala aplicación de la normativa».

Bustelo confirmó el desvío de las llamadas a la Policía Nacional, una orden que se remonta al 27 de enero, recién estrenada la ley, después de los enfrentamientos que miembros del Foro Social mantuvieron con efectivos policiales en la zona de Peris Mencheta y que acabaron en el Juzgado.

Hasta ayer la orden no se había modificado, pero todo indica que se hará hoy con un dispositivo especial coordinado por Policía Local y Nacional a raíz de la polémica surgida en la zona. Esto modificaría la estrategia de control del botellón seguida hasta ahora por el Ayuntamiento y que, según las denuncias ciudadanas excluía, del control a La Alameda.

A la presión vecinal se sumaba ayer la del líder de la oposición, Juan Ignacio Zoido que reivindicaban el control policial en toda la ciudad, «sin exclusiones». Zoido, abogó por no poner «cortapisas ni limitaciones» a la Policía Local hispalense, «un cuerpo muy profesional», a la hora de luchar contra el fenómeno del «botellón» haciendo cumplir la normativa parlamentaria.

«Lo único que hay que hacer es dejarles que trabajen», dijo Zoido, indicando al respecto que, pese a no tener constancia de la orden que manda no actuar contra las concentraciones juveniles en la Alameda, «considero lamentable que estos hechos puedan suceder».

Para el portavoz popular, el origen del conflicto está en las posiciones encontradas entre los socios de Gobierno en cuanto a la aplicación de la norma. Según Zoido, la Policía Local «sabe cumplir con sus obligaciones», por lo que instó a la Administración a no posibilitar la existencia de «órdenes y contraórdenes».

Diferentes organizaciones vecinales plantean que el problema proviene de la oposición de IU a la norma parlamentaria. Así, la Coordinadora de Asociaciones Independientes de Sevilla (CAIS) recordó ayer al portavoz del Grupo municipal de IULV-CA en el Ayuntamiento hispalense y delegado del área socieconómica, Antonio Rodrigo Torrijos, que leyes como la 7/2006 sobre potestades administrativas en materia de ocio en los espacios abiertos de los municipios andaluces, la ley «antibotellón», están para «cumplirlas», pese a que la federación de izquierdas «mande» en el entorno de la Alameda de Hércules sea proclive a este fenómeno social.

El presidente de la CAIS, José Baena, indicó que si Izquierda Unida hace «dejación de funciones» en el nuevo mandato. la coordinadora vecinal emprenderá las medidas legales que considere oportunas.

A pesar del mutismo del grupo municipal, desde la nueva Delegación de Convivencia y Seguridad, se negaba días atrás a ABC que el Ayuntamiento hiciera dejación en este asunto y se rechazaba expresamente que IU estuviera tras la orden de no intervención de la Policía Local en la Alameda.

No obstante, IU hizo público el martes un comunicado en el que obviaba cualquier cita expresa a la solución policial frente al botellón, abogando por la convivencia y reconociendo que debe prevalecer el derecho al descanso sobre el del ocio.

A pesar de ello, IU se recordaba que en el pacto de gobierno queda expresado el compromiso de acometer un espacio habilitado para el consumo de alcohol en la vía pública, el conocido como «botellódromo», cuya ejecución no parece que pueda producirse hasta el próximo otoño.

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