'CASO CURSACH'

Los hoteleros de la Playa de Palma exigen a Matas que aborte el ‘decreto Cursach’

Celebran una multitudinaria asamblea para abordar la nueva norma del Govern que autoriza la música al aire libre a todo volumen / Todos los hoteleros votan a favor de un plante para preservar el descanso en la zona

ESTEBAN URREIZTIETA

Todos los hoteleros de la Playa de Palma plantan cara al Govern del PP a poco más de un mes de las elecciones. Gigantes mundiales como Riu, Barceló o Iberostar; cadenas como Grupotel, MAC, Sant Michel, BG Hoteles o MLL Hoteles; así como un sinfín de pequeños empresarios turísticos acordaron ayer exigir formalmente al president Jaume Matas que aborte el popularmente conocido como decreto Cursach.

El principal motivo que esgrimieron residió en que la nueva normativa autonómica legalizará la música a todo volumen en la zona y pondrá en serio peligro el descanso de los vecinos. Y con él, el atractivo de la Playa de Palma como zona residencial.

Los representantes de las empresas hoteleras radicadas en el enclave turístico más importante de Baleares se dieron cita a mediodía en el establecimiento de su presidente, Francisco Marín. El orden del día pasaba única y exclusivamente por abordar el contenido del nuevo decreto promovido por las Consellerias de Turismo e Interior que regulará a partir de ahora la música al aire libre en Baleares.

El texto del mismo ha sido diseñado con la intención de favorecer los intereses del mayor empresario de ocio de Baleares, Bartolomé Cursach, y así lo reconocieron todos los hoteleros que asistieron a la reunión. Tanto grandes como pequeños. El nuevo decreto permitirá a Cursach, de entrada, incumplir todas y cada una de las prohibiciones que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares le ha impuesto en su discoabadía.

Pero, sobre todo, lo que consentirá a partir de ahora será la música a todo volumen al aire libre. Un extremo que hasta ahora quedaba terminantemente prohibido, entre otras, por la ordenanza del Ayuntamiento de Palma. El dueño de la discoteca con forma de abadía gótica que se levanta en primera línea y cuyos altavoces llegaron a ser precintados por orden judicial a la vista del infierno sonoro que desprendían ha sido el principal promotor del cambio de la ley.

El origen del plante

La máxima instancia judicial de las Islas, a la vista de que Cursach molestaba a los vecinos con la música que emanaba su establecimiento -llegaba a superar los 75 decibelios en pleno día- le prohibió amenizar a sus clientes con todo lo que no fuera «hilo musical».

Asimismo, y basándose en el contenido de la ordenanza de Cort, le obligó a retirar otros atractivos de su establecimiento. Es el caso de las go-gos, los pinchadiscos y las pantallas gigantes a través de las que proyecta espectáculos deportivos. Con este auto judicial encima de la mesa y a la vista de que ninguno de sus recursos ha prosperado, Cursach se veía esta temporada ante la obligación de retirar de su gigantesca discoteca sus principales alicientes.

Quedando así el establecimiento abocado inexorablemente al fracaso comercial. Por este motivo el discotequero instó al Govern a que, directamente, cambiara la ley. Sólo así podría eludir la resolución judicial y recuperar la viabilidad de su negocio. Sorprendentemente, el Ejecutivo que preside Jaume Matas aceptó la propuesta particular hasta el punto de redactar un borrador y agilizar su tramitación antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas.

Hasta entonces Cursach lo había intentado todo. Primero recurrió al diario Última Hora, del que es uno de sus principales anunciantes, para que éste emprendiera una campaña en contra de Cort, que anunció que cumpliría la decisión judicial que le afectaba. De manera paralela el discotequero obligó a su socio Pedro Vidal, presidente de la Asociación de Salas de Fiestas de Baleares, a que denunciara a centenares de establecimientos con música al aire libre. Desde hoteles a biergartens pasando por terrazas y restaurantes.

Esgrimió el lema de «café para todos» e intentó presionar a las instituciones para que no actuaran ni con él ni con quienes, siempre según él, también molestan a los vecinos con su música exterior. Cort le advirtió a Cursach que no admitiría su «chantaje» y éste optó directamente por denunciar al gerente de Urbanismo y al técnico que le inspecciona la discoteca. Sólo el plante masivo de los hoteleros puede ahora abortar un decreto que ya está expuesto a información pública y afronta su último tramo.

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