La nueva norma sobre ruidos aprieta las tuercas al sector inmobiliario

Lorenzo Ramírez

El sector inmobiliario español está viendo como el Ejecutivo impulsa iniciativas legislativas que, con el objetivo de mejorar la calidad, aumentan los costes de producción de los nuevos inmuebles y, por lo tanto, ejercen una presión al alza sobre los precios de los pisos que se iniciarán en próximos meses.

Ahora le toca el turno a la normativa sobre contaminación acústica de los edificios. El desarrollo reglamentario de la Ley de Ruidos de 2003 lleva tres años sin ver la luz debido a la falta de coordinación de los departamentos ministeriales de Vivienda y Medio Ambiente.

Según confirmaron fuentes de la patronal de materiales de construcción Hispalyt, el último plazo que se ha puesto el Gobierno para aprobar la nueva normativa, mediante Real Decreto, es el 29 de marzo de 2007 , fecha en la que entra plenamente en vigor el Código Técnico de la Edificación (CTE) tras un año de plazo de adaptación para las empresas.

Más exigencias técnicas

El borrador de la iniciativa legislativa amplía considerablemente las exigencias técnicas actuales, incrementando los requisitos de aislamiento acústico y elevando la eficacia de los tabiques y los forjados, con un aumento de los elementos de separación entre las paredes.

Según explicaron fuentes de la Asociación de Promotores y Constructores de España, la norma generará más costes en un sector que se enfrenta a un enfriamiento de la demanda, lo que se traducirá en un elemento más de presión sobre el precio final de los pisos.

El objetivo inicial de Vivienda era incluir el texto legislativo sobre ruidos en el CTE. El retraso en el dictamen del Medioambiente y las dificultades para consensuar el documento con el sector privado impiden, de momento, su aprobación.

Arquitectos, aparejadores, constructores y promotores (aunados en el Foro de la Edificación) han manifestado al Ejecutivo su descontento con el primer borrador del Real Decreto, al considerar que incluye conceptos que son imposibles de cumplir si se respetan las exigencias del CTE. Entre estas incompatibilidades citan, por ejemplo, la defensa que el nuevo decreto hace de las persianas en los inmuebles y las sustitución del elemento que reclama el código técnico.

Otro de los cambios que más quebraderos de cabeza está generando en el sector inmobiliario es el nuevo método de control que se incluye en el citado borrador. En lugar de comprobar las prestaciones de los materiales de construcción en el laboratorio, como se hace ahora, las pruebas se realizarán in situ, una vez levantado el edificio.

Por ello, será necesario elaborar un mapa de ruidos que indique pormenorizadamente las infraestructuras que se realizarán en los alrededores de las nuevas viviendas, ya que, a juicio del sector privado, no puede establecerse el mismo límite de ruido para aquellos edificios que tengan una parada de autobús cerca, u otro tipo de fuente de contaminación acústica, con los que estén ubicados en zonas tranquilas.

La dificultad de estos mapas estriba en la singularidad de las promociones. Si un ayuntamiento decide instalar una fuente, o autoriza la apertura de una discoteca, cerca de un bloque de pisos, éstos deberán tener un mayor aislamiento que el estimado cuando se construyeron. Así, habría que solucionar el problema mediante nuevas obras en los casos en los que sea posible, con la correspondiente inversión en tiempo y dinero.

A pesar de que las promotoras no quieren hablar de aumentos de precios, los expertos no dudan de que las constructoras trasladarán los mayores costes a las promotoras, y éstas intentarán trasladarlo a los compradores de vivienda.

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