Font impulsa una ley del ruido más dura que la nacional al fijar multas de 300.000 E

Impone un máximo de 55 decibelios de día, como adelantó EL MUNDO - Los municipios con más de 30.000 habitantes elaborarán un mapa de ruidos

El anteproyecto de la ley de protección contra la contaminación acústica impulsado por el Govern «va más allá» y establece medidas más restrictivas que la ley del ruido estatal en cuanto los decibelios permitidos, además de ampliar hasta 300.000 euros las sanciones que impone la actual normativa autonómica.

El anteproyecto, aprobado por el Consell de Govern el pasado viernes, debe iniciar ahora su tramitación parlamentaria, explicó ayer a Efe el conseller de Medio Ambiente, Jaume Font, quien predijo que la ley estará en marcha a inicios del próximo año.

Aún así, el responsable autonómico se remitió a la necesidad de que se apruebe todavía a nivel estatal el Reglamento que desarrolla la ley del ruido del Gobierno central y cuyo borrador, lamentó, fue rechazado el pasado sábado en la sectorial de Medio Ambiente por la mayoría de las comunidades autónomas, con la excepción del Govern balear, que apoyó el texto de la ministra de esta cartera, Cristina Narbona.

Mientras que se aprueba este reglamento, la Conselleria de Medio Ambiente ha emitido este anteproyecto, que mantiene los decibelios permitidos por el decreto autonómico del año 1987 que está en vigor y que son más restrictivos que los de la ley estatal, con un máximo de 55 de día y 45 de noche.

Al igual que la norma estatal, los municipios delimitarán las diferentes zonas acústicas en función del uso del suelo, así como las llamadas «zonas especiales» con elevados niveles de ruido y en las cuales podrán adoptar medidas más restrictivas como suspensión de licencias, limitar horarios de apertura y prohibir o limitar la circulación.

Mapas de ruido

Tras ello, deberán elaborar mapas de ruido y planes acústicos de acción todos los municipios con más de 30.000 habitantes o con más de 25.000 residentes en un núcleo urbano. Esta medida, que deberá aplicarse antes del 2012 en el caso de los mapas y en el 2013 en el de los planes acústicos, también es más amplia que la regulación estatal, que obliga a su elaboración sólo a municipios con más de 250.000 habitantes o con núcleos de 100.000.

Otras de las principales novedades de esta normativa autonómica, detalló Font, es que habilita las herramientas necesarias para que los ayuntamientos actúen con rapidez ante las situaciones en las que se infringe la ley. Así, explicó, los ayuntamientos podrán paralizar los vehículos que superen los decibelios permitidos y retirar la documentación a sus conductores hasta que lo solventen, al igual que podrán establecer un tasa de inspección, que cobrarán a los ciudadanos que se reiteren en solicitar mediciones de ruidos.

La tramitación del expediente en caso de denuncias por ruidos también se agilizarán con esta ley, dando un periodo de hasta 20 días a las personas infractoras para reducir decibelios y otros 20 para emitir una resolución y sanción en caso de que persistan.

Font remarcó que esta normativa está dirigida al ciudadano y que no busca ser «sancionadora sino correctora» ya que el Govern está más interesado en que se reduzcan los ruidos que en recaudar multas. Por ello, éstas se reducirán un 80 por ciento si el sancionado adopta medidas correctoras, si bien el anteproyecto aumenta las multas de un máximo de 601 euros a un total de 300.000.

La Conselleria facilitará el cumplimiento de la norma concretando y financiando la formación de los agentes municipales y los equipos de medición homologados que deberán usar para establecer los ruidos de cada zona municipal.

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