El Valedor reprende al concello y a la Xunta por horarios y ruidos de bares en la ciudad

El informe anual de 2005 concluye que a los propietarios "les resulta más rentable pagar pequeñas multas de vez en cuando"

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El Valedor do Pobo ha incluido una vez más al municipio de Pontevedra en el listado de concellos "conflictivos" por los efectos negativos de la "movida". Aunque sin llegar a extremos de años anteriores -como recomendaciones expresas o declaraciones de "concejal hostil"- el informe anual de 2005 de esta institución reprende al concello, y esta vez también a la Consellería de Presidencia y Xustiza, por el incumplimiento de los horarios y los problemas de ruidos que generan los bares.

La oleada de quejas formuladas por los vecinos de las calles Cruz Roja, Buenos Aires y Perfecto Feijóo fueron el detonante de las advertencias que esta año incluye José Ramón Vázquez Sande en su balance anual.

El primero de los apartados corresponde a los horarios de cierre, donde el Valedor deja claro que el mero hecho de imponer sanciones económicas no es suficiente: "Aunque la administración los sancione en alguna ocasión, no se adoptan medidas lo suficientemente estrictas como pare evitar que los promotores de los establecimientos corrijan su forma de funcionar habitual (que se demuestra por lo reiterado de las denuncias y las sanciones). A los promotores les resulta más rentable abonar pequeñas multas de vez en cuando, por lo que no se corrige definitivamente el problema".

Cambio de normativa

Para Vázquez Sande, "la conclusión parece clara: si el problema es estrictamente legal (resulta materialmente imposible aplicar las reglas de la reincidencia en estos casos), entonces debe promoverse el cambio de la normativa, puesto que no es asumible mantener una realidad en la que parecen sentirse especialmente cómodos los infractores y muy perjudicados los afectados".

Si en el caso de los incumplimientos de los horarios de los bares en la ciudad, es la Xunta la destinataria de las advertencias del Valedor, cuando aborda el asunto de los ruidos, Vázquez Sande emplaza al concello a adoptar medidas.

En el caso concreto de Cruz Roja y Buenos Aires, se reprocha al gobierno local que "a pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de la queja, no aclaró que su forma de proceder fuese la correcta en relación con tres locales de esa zona de la ciudad".

"Tampoco -añade- da cuenta de una intervención eficaz para corregir el problema del ruido callejero en los alrededores de los locales o el consumo de alcohol en sus puertas (prohibido por un decreto autonómico de 2002)".

El concello pontevedrés, al igual que otros, se defendió con el argumento de se han declarado zonas saturadas, que impiden abrir nuevos locales ruidosos, pero para el Valedor esta medida no es suficiente porque también hay que actuar sobre los bares ya existentes.

Así, apunta que "la intervención que ordinariamente se requiere en este tipo de zonas e mucho más amplia, puesto que se trata de corregir la situación que ya se da, cosa que lógicamente no se ha a hacer con una medida que en realidad sólo evita que el problema aumente".

Año con récord de precintos: 20 locales cerrados

El informe del Valedor corresponde al año en el que el concello estrechó su control sobre los bares irregulares y alcanzó un récord de precintos, con 20 de estas clausuras en todo el año, algunas de ellas en locales objeto de queja por los vecinos de Cruz Roja y Buenos Aires. Aunque el Valedor no hace referencia en ningún momento a esa vigilancia, sí es cierto es que su balance del pasado año es más "suave" que en ejercicios anteriores, si bien aún observa defectos. La campaña de control de los excesos de la "movida" puesta en marcha por el concello a lo largo del pasado año, se concentró, en buena medida, en establecimientos del casco viejo, donde se concentran buena parte de las quejas vecinales, pero también inciden en otras zonas "conflictivas" de la ciudad, como el barrio de Santa Clara.

Además de esos veinte bares cerrados por orden municipal, se abrieron otros 15 expedientes sancionadores, con propuestas de multa entre 600 y 3.000 euros. A día de hoy, ya se han resuelto seis de esos quince casos, en todos ellos con imposición de sanciones de seiscientos euros cada uno. Carecer de licencia que ampare su funcionamiento como bares de copas o pubs es la principal causa de sanción o precinto, aunque también hay casos de exceso de ruidos u otras deficiencias.

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