Barberá opta por pagar 150.000 a una familia por el ruido de una discoteca

El Ayuntamiento desiste del recurso presentado en el Tribunal Supremo en mayo

El Ayuntamiento ha decidido desistir del recurso de casación presentado en el Tribunal Supremo y pagará 151.350 euros a la familia propietaria de una vivienda en la Gran Vía Germanías, 31, y que tuvo que cambiar de domicilio debido a los ruidos de una discoteca. Se trata de la mayor indemnización en Valencia.

PACO MORENO

Finca en Germanías

No obstante, el abogado que llevó este caso, Joaquín Morey, matizó a LAS PROVINCIAS que todavía no han recibido el dinero. “Por las noticias que tenemos será a partir de enero, con el nuevo Presupuesto del Ayuntamiento”.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia se falló en diciembre del pasado año y supuso un serio varapalo para los intereses del Consistorio, al entender los magistrados que no había tomado ninguna medida para hacer cumplir una resolución de cierre de la discoteca.

Con la previsión de que el dinero les sea ingresado en su banco en enero, habrán pasado seis años desde que los dueños de un piso en el número 31 de la Gran Vía Germanías pusieran la primera denuncia en la Policía Local, debido a las molestias causadas por un local de copas en la planta baja del inmueble.

Valor de tasación

Los ruidos y vibraciones que llegaban hasta la vivienda eran de tal calibre que no les quedó otro remedio que vender su piso, incluso por debajo del valor de tasación que les había hecho una empresa.

Morey recordó que la tasación, con garaje incluído, fue de 263.052 euros, cuando la venta se cerró por 191.957 euros. Además del perjuicio económico, el abogado comentó que el fallo del Tribunal Superior hablaba también de daño psicológico y coste por atención sanitaria.

La decisión del gobierno municipal de no proseguir con el recurso en el Supremo se materializó entre mayo y junio de este año, por lo que no tuvo ninguna influencia la condena al alcalde de Vila-real, quien no podría ejercer un cargo público durante ocho años, además de enfrentarse a un año y medio de prisión.

A pesar de que la delegación de Actividades firmó una resolución de suspensión de licencia de apertura un año después de la primera denuncia presentada por la familia, el tribunal entendió que no se había hecho lo suficiente para llevar a la práctica esta medida, debido a que el negocio siguió funcionando.

El despacho de Morey también lleva el caso de los vecinos de la zona de Juan Llorens, que esperan para el próximo marzo la sentencia del Supremo sobre la reducción del horario de cierre de los bares. En este caso, son los vecinos quienes presentaron el recurso, tras ser desestimada su petición al entender el tribunal que el nivel de ruido procedía también del tráfico, y no sólo de los locales de ocio.

Más atrasada está la petición de la asociación Amics del Carme, quienes también han escogido la vía judicial para reclamar la reducción drástica de los horarios de cierre. Al igual que en el caso de la familia de la Gran Vía Germanías, la entidad reclama que las órdenes de cierre y suspensión de licencia sean efectivas, para atajar de alguna manera los establecimientos de ocio que generan más denuncias entre los vecinos. El gobierno municipal ha rechazado cambiar los horarios, a la espera de nuevas mediciones.

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