La ordenanza del ruido en Gijón está condicionada por «unos jubilados», dice Arturo Muñiz

Los hosteleros se muestran decepcionados con la nueva norma y culpan a la federación vecinal de haberse negado al diálogo Las únicas alegaciones aceptadas son de la Sociedad Asturiana de Acústica y Vibraciones, relacionadas con cuestiones técnicas

O. ESTEBAN

MÁQUINAS. La ordenanza también regula los ruidos en la vía pública de vehículos y animales, entre otras cosas. / LUIS SEVILLA

El presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Gijón no podía ayer ocultar su malestar. Ni se esperaba ni le convence la decisión 'salomónica' del Ayuntamiento de no aceptar ni sus alegaciones ni las de los vecinos a la hora de aprobar la ordenanza del ruido. Después de meses de debate, Arturo Muñiz recrimina a la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana (FAV) haberse negado a «hablar con nosotros» para intentar acercar posturas. A su juicio, ésta se ha centrado en «casos puntuales, dando la impresión de que todos los hosteleros somos malos, y eso no es así».

Tras una larga jornada recibiendo llamadas y quejas de los socios, Muñiz se mostraba así de contundente con la federación vecinal: «Su actitud es la que más ha influido en la solución final, diciendo que no a todo por sistema». Los vecinos, anotó, deberían tener en cuenta «lo que significa la noche gijonesa y la importancia que tiene para el turismo», algo que consideró que no han valorado. «Parece que en las asociaciones sólo están vecinos jubilados y quizás debería haber gente de todas las edades y sectores. Los abuelos del pueblo quizás no han asumido los cambios de este pueblo», apostilló.

Tal y como están las cosas, su nuevo intento de hablar con la FAV, a través de una invitación formal que Muñiz cursará esta misma semana, no parece que vaya a dar ningún fruto. De hecho, el presidente vecinal, Amador García, justificó ayer por qué no ha habido ningún encuentro en los últimos meses: «No creí que fuera conveniente. No es que no queramos hablar con la gente, pero significa escenificar un desencuentro. ¿Qué ganábamos con eso?», se pregunta. Desde la federación también se lamenta el rechazo a las alegaciones, aunque el enfado no es tanto o, al menos, no tan evidente.

Amador García tenía asumido, antes de la confirmación oficial, que la ordenanza iba a quedar como estaba y le transmitió a la concejala de Medio Ambiente, Dulce Gallego, el siguiente mensaje: «Lamentamos el tema, pero si no se cede ante las presiones de la hostelería, adelante». Y ahora, dice, a «exigir su cumplimento», reconociendo que las asociaciones vecinales más afectadas por la movida juvenil «están muy enfadadas».

Esfuerzo de Dulce Gallego

Los ánimos, por lo tanto, están muy caldeados, aunque lo cierto es que nadie apunta al Ayuntamiento como culpable de la situación. Es más, Arturo Muñiz reconoce «el esfuerzo personal que ha realizado Dulce Gallego y su equipo, que han intentado sentarnos a todos a la mesa». Amador García también habla del papel «mediador» del Consistorio.

Sea como fuere, lo cierto es que finalmente sólo se han aceptado algunas de las alegaciones que presentó la Sociedad Asturiana de Acústica y Vibraciones, referidas todas ellas a cuestiones técnicas sobre los certificados acreditativos de los aislamientos acústicos o los limitadores de emisión sonora, entre otras cosas. Entre el resto de alegaciones, las más importantes eran las vecinales, remitidas desde las federaciones urbana y rural, la de la Asociación Empresarial de Hostelería de Gijón, Carreño y Villaviciosa, y la de la Asociación Provincial de Empresarios de discotecas, salas de baile, salas de fiestas y salas de juventud de Asturias.

Los más negativos, hasta ahora, han sido los hosteleros, que califican de «palo» la nueva norma, que entrará en vigor a principios de 2006. Arturo Muñiz asegura que muchos locales van a tener problemas para obtener las licencias necesarias.

En medio de las críticas, la ordenanza pasará hoy por la comisión de Medio Ambiente, donde probablemente el PP también se muestre contrario a la solución adoptada. Los populares podrán presentar enmiendas para su aprobación en el Pleno de diciembre.

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