El control del botellón enfrenta a Junta y Ayuntamiento en un lío de competencias

Teresa Jiménez pidió al alcalde que «no eche balones fuera» porque tiene la potestad de actuar Otras comunidades autónomas ya han legislado para evitarlo

R. MEND0ZA

Un grupo de jóvenes, con el botellón en el carrito, durante las fiestas. /JUAN ORTIZ

La delegada del Gobierno andaluz en Granada, Teresa Jiménez, contestó ayer de forma contundente a la petición del Ayuntamiento de que legislase para prohibir el botellón. «Hay que recordar al Ayuntamiento que tiene plena competencia para actuar sobre el botellón, por el uso de las calles, la limpieza pública, los daños ambientales, etc. Así que le pediría que no eche balones fuera y adopte la óptica del diálogo y la educación frente a la de la represión», apeló Jiménez.

Hurtado, al conocer ayer las declaraciones realizadas por la delegada de la Junta volvió a incidir en que es el ente autonómico quien tiene potestad para legislar para acabar con el consumo de alcohol en la calle. «Pero claro, es políticamente arriesgado e impopular. Es preferible echarle la culpa a los ayuntamientos», dijo el alcalde que pidió a Teresa Jiménez «que no siga manipulando la información».

Eso sí, Jiménez relativizó la situación al manifestar, aunque sin concreción, que la Junta lleva años estudiando un marco normativo, del que hay propuestas concretas, «pero no están cerradas», dijo. Para la delegada, más que mirar a la Ley hay que centrarse en la educación y la concienciación a cerca de la necesidad de tener un comportamiento más cívico.

Ópticas

El alcalde, por su parte, recordó también la petición que realiza en este sentido el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia en su memoria 2004 sobre la necesidad de crear un marco normativo general, de carácter autonómico.

En este informe anual la Fiscalía andaluza refleja, entre otras, su preocupación por la protección de zonas de gran valor histórico castigadas por orines, basuras y actos vandálicos. Así, citaba la necesidad de una legislación de corte medioambiental autonómica que obligue a las corporaciones locales a hacerla cumplir. Con hacer cumplir una ordenanza sobre limpieza, por ejemplo, no se atajaría la práctica de forma generalizada. Y, sobre todo, no evitaría concentraciones de 100.000 personas en la calle como la vivida el pasado fin de semana.

La propuesta de la Fiscalía andaluza tiene espejos, con resultados satisfactorios, en comunidades como Madrid o Extremadura, donde presidentes de PP y PSOE respectivamente legislaron para atajar algo que trastornaba a la ciudadanía. Pero no son las únicas; otras ya le precedieron en esta acción administrativa.

Pioneros

La pionera en cuanto a la posibilidad de hacerlo mediante ordenanza municipal fue la Comunidad de Castilla y León, allá por el año 1994. Le siguieron en 1997, Valencia, Cantabria y Murcia; en 1998, Canarias; y en el año 2001, Aragón que, junto a la ya nombrada de Murcia, otorga la competencia para regular la venta y consumo en la vía pública de alcohol a las corporaciones locales mediante ordenanzas.

En Andalucía ya se reguló la venta de alcohol en establecimientos, que quedó prohibida a partir de las diez de la noche, algo que recordó la delegada de la Junta al pronunciarse sobre el control del botellón en la ciudad. Pero es evidente que no ha sido un instrumento disuasorio.

Sobre el resultado de las fiestas, el Ayuntamiento manifestó su satisfacción por la falta de incidencias graves. Jiménez, también tuvo una respuesta para esto y le instó a reconocer que «las medidas municipales dispuestas no han dado la respuesta adecuada».

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