El fiscal analiza la respuesta policial ante las denuncias vecinales

S.S.

efe / Juan Ferreras Limpieza. Los operarios terminaron ayer de recoger la basura.

Para tramitar el expediente gubernativo, la Fiscalía de Granada pretende echar mano de un decreto de Policía Judicial que otorga al fiscal jefe funciones de coordinación pre-procesal a fin de dirigirse "a las autoridades policiales para preguntarles si tienen conocimiento" de las infracciones que se están cometiendo en el barrio y de qué manera se están combatiendo.

"Lo que no queremos es transmitir la idea de que podemos solucionar el problema desde la Fiscalía. Podemos contribuir a resolverlo. Eso sí, lo que creemos es que se debe atender a los ciudadanos", señalaron fuentes del Ministerio Público en Granada.

La tramitación del expediente gubernativo, que eventualmente incluiría encuentros entre las instituciones y los colectivos vecinales afectados, podría derivar en reproches y recomendaciones hacia las administraciones que hayan provocado indefensión ciudadana.

La Fiscalía, añadieron las fuentes, ha resuelto "atender" esta petición vecinal para "conocer la realidad de lo que está pasando en la ciudad" –con especial atención al barrio denunciante, en este caso el Bajo Albaicín–, "por qué no puede haber más presencia policial y cuáles son las razones que se pueden alegar para no desplegar más agentes. A la ciudadanía hay que darle una respuesta y más en un momento como el actual en el que la crispación es tremenda".

Ayer, en pleno debate político sobre las actuaciones legislativas que deben articularse para atenuar los efectos del botellón, fuentes jurídicas consultadas explicaron que actualmente este fenómeno ya es de difícil control. "El botellón no es un fenómeno estático. Está habiendo un salto cualitativo como es la llegada de gente de fuera o la alteración que genera en el entorno de los hospitales".

Algún jurista volvió a referirse ayer a la prohibición de consumir alcohol en la calle: "La ley de calidad ambiental se hizo en Madrid y Extremadura, una gobernada por PP y otra por PSOE, y en ambos sitios se ha resuelto el problema razonablemente".

Otras fuentes jurídicas pusieron el acento en la celebración desbordada del Día de la Cruz que se registró en zonas patrimonialmente sensibles como la Carrera del Darro. "Hacer un botellón en la Carrera del Darro es como hacerlo en la Alhambra. Es Patrimonio Mundial. La Unesco debería intervenir".

Con independencia de lo ocurrido en esa zona el Día de la Cruz, la asociación del Bajo Albaicín había advertido en su denuncia de que las perturbaciones "de la convivencia ciudadana" se extendían desde calle Elvira hasta el Paseo de los Tristes. "Dada la cantidad de alcohol u otras drogas que ingieren habitual y constantemente no suelen estar en condiciones de respetar a nada ni a nadie, por lo que se han convertido en habituales las peleas, agresiones, ataques de perros, asaltos a las terrazas de los bares...", señala el colectivo vecinal.

El presidente del Bajo Albaicín, Manuel Navarro, aludió a la última reunión de la Junta de Distrito a la que asistió el alcalde de la ciudad: "ante nuestras quejas ha mantenido la misma postura que la Policía y nos ha requerido para que si tenemos soluciones que se las demos, ya que él tampoco encuentra la forma de devolver a la zona su antiguo estado de paz y convivencia entre ciudadanos".

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