El juez aprecia una posible responsabilidad penal del alcalde de Zamora en la querella por los ruidos

El magistrado ha pedido al Ministerio Fiscal que se pronuncie sobre la competencia de los juzgados zamoranos al ostentar Antonio Vázquez la condición de senador

El magistrado del Juzgado número 3 de Zamora considera que pueden existir irregularidades en la actividad inspectora del Ayuntamiento en materia de ruidos y señala la responsabilidad del alcalde, Antonio Vázquez, en la querella que instruye a demanda de la Asociación de Familias Afectadas por el Ruido de Zamora (AFARUZA). Por ello, solicita al Ministerio Fiscal que establezca la competencia del Juzgado en caso de proceder contra el primer edil, debido a su condición de senador.

En la providencia dictada, el magistrado Gregorio Galindo señala que «de lo actuado hasta ahora se desprende la posible existencia de irregularidades en la actividad inspectora y sancionadora del Ayuntamiento de Zamora en materia de ruidos y protección medio ambiental». Cita, a continuación, la Ley de Bases de Régimen Local y la de Prevención Ambiental de Castilla y León para establecer que «la responsabilidad última» en materia medio ambiental recae en los alcaldes. La querella presentada en el año 2004 por AFARUZA y que dio origen a las diligencias abiertas por el Juzgado número 3 se dirigía contra el alcalde, Antonio Vázquez. El juez emplaza al Ministerio Fiscal para que en cinco días «manifieste lo que estime pertinente sobre posible falta de competencia de este Juzgado, al ostentar dicho alcalde, don Antonio Vázquez, el cargo de senador», con el fin de que, «una vez practicadas las diligencias precisas» pueda «individualizar su presunta conducta delictiva, al resultar de las mismas el conocimiento efectivo que de hecho tenía sobre la situación que se estaba produciendo».

La querella de la Asociación de Afectados por los Ruidos podría acabar, pues, en el Tribunal Supremo, si finalmente el alcalde resulta imputado a resultas de la investigación realizada por el Juzgado, debido a su condición de aforado por pertenecer a la cámara parlamentaria. El fiscal tendrá que emitir su informe y podrá, incluso, oponerse en su escrito, aunque corresponderá al juez la decisión última sobre el caso.

Hasta ahora, el Juzgado había imputado a cuatro personas: el concejal de Urbanismo, Jesús Rodríguez, el de Medio Ambiente, Feliciano Fernández, la funcionaria instructora de los expedientes que se abrían por las denuncias de ciudadanos afectados por ruidos de locales nocturnos y el técnico en esta materia del Ayuntamiento, Eduardo Gallego.

Hasta el mes de noviembre han ido desfilando tanto testigos como imputados en el caso, así como informes como el del Procurador del Común que tramitó 270 denuncias por contaminación acústica entre 1995 y 2003 por quejas presentadas por ciudadanos de Zamora. Entre los testigos que han comparecido ante el juez se encuentra el jefe de la Policía Municipal, Ezequiel González, quien, en su declaración, exculpó tanto al alcalde como a los concejales de Urbanismo y Medio Ambiente. A raíz de su declaración, los demandantes presentaron una nueva querella contra el jefe de Policía por un presunto delito de falso testimonio.

La institución se enfrenta a otras cuatro demandas por motivos similares

La querella presentada por la Asociación de Familias Afectadas por el Ruido se dirigía contra los responsables municipales por dejación de funciones, prevaricación y delitos contra el medio ambiente, al considerar que no se hizo cumplir la ley en cuanto al nivel de contaminación de ruidos en bares, pubs, discotecas y cafeterías en algunas zonas de la capital. La querella se basa en el artículo 329 del Código Penal que prevé penas contra «la autoridad o funcionario público» que con motivo de inspecciones medio ambientales «hubieren silenciado la infracción de Leyes o disposiciones normativas de carácter general que las regulen». Las penas establecidas son las de inhabilitación especial para empleo o cargo público de siete a diez años y, además, la de prisión de seis meses a tres años o la de multa de ocho a veinticuatro meses. El Ayuntamiento se enfrenta a otras cuatro querellas en parecidos términos, todas de personas que dicen haber padecido los efectos de los ruidos y que acusan a las autoridades municipales de inoperancia y de incumplir las normativas en esta materia.

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