Contaminación acústica

El edil de Gobernación defiende ante el juez la licencia de un festival

Francisco Fernández asegura que el Consistorio actuó cumpliendo la legalidad al autorizar la instalación del Festival de las Naciones

Jorge Muñoz

El edil de Gobernación compareció ayer, en calidad de imputado por delito ecológico, en el juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, que investiga la querella presentada por un grupo de vecinos y abogados que tienen sus despachos profesionales junto al Prado de San Sebastián, donde se vino celebrando hasta la edición de este año un evento que motivó la presentación de numerosas denuncias ante la Policía Local por el "intolerable" ruido.

Francisco Fernández aseguró a los periodistas que su declaración ante el juez fue "tranquila" y mostró en todo momento su disposición a "colaborar con el juzgado para dejar claro el procedimiento municipal" seguido en la concesión de la licencia para el festival.

El concejal no quiso pronunciarse sobre el contenido de su declaración, que se prolongó durante una hora aproximadamente, pero precisó que el permiso se concedió con "absoluta normalidad, con el visto bueno de los funcionarios y cumpliendo la legalidad".

El abogado José Antonio Salazar, uno de los querellantes, indicó que el concejal aseguró en su comparecencia que el Ayuntamiento autorizó la concesión de la licencia del festival para el 2003 sin que se tuviera en cuenta las denuncias vecinales de ediciones anteriores porque en el expediente administrativo no aparece el archivo histórico con los posibles antecedentes.

El letrado mostró su "sorpresa" por el hecho de que el Ayuntamiento tratara cada año la licencia "como si fuera la primera vez" y advirtió que "para más inri, en la resolución de 2003 se autorizó al festival a superar el nivel de ruido por el interés público de la actividad, cuando se trata de una actividad lucrativa de carácter privado". Salazar añadió que resulta "de una ligereza extraordinaria que una autoridad administrativa trate las concesiones de licencias como si fuera la primera vez y sin conocer como mínimo si ha habido sanciones anteriores".

La querella considera al Ayuntamiento responsable civil subsidiario de la contaminación acústica, por conceder las licencias para un festival que, en la presente edición, se ha trasladado al Palenque.

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