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Pamplona, 14/10/04
El Consistorio no acata las sentencias por igual
Desalojó el Euskal jai en 4 días pero no cierra un local con las licencias anuladas
Un juzgado de Pamplona ha vuelto a requerir al Ayuntamiento la clausura de El Dorado, en la calle Olite
Carlos Balanza
 José Javier Ruiz de Erenchun, junto a su portal del número 5 de la calle Olite, en cuya bajera se encuentra ubicado el local 'El Dorado'.Foto: carlos balanza |
Tras un, como la inmensa mayoría, complejo procedimiento judicial, el pasado 18 de mayo el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número Tres de Pamplona declaró la nulidad de las referidas licencias. Al juez le bastó analizar sólo uno de los argumentos esgrimidos por los vecinos para darles la razón: El Consistorio no les notificó, como manda la Ley Foral 32/1990, el expediente abierto de solicitud de apertura del nuevo local para que realizasen cuantas alegaciones considerasen oportunas. En consecuencia, "se les causó indefensión".
Lejos de acatar la orden judicial, el Ayuntamiento, que aparece en la causa como parte demandada, ha mantenido vigentes los permisos. No sólo eso, si no que desde entonces han mediado otras dos providencias de este mismo juzgado. En la primera, de 22 de junio de 2004, el juez declara firme su sentencia de mayo al no haberse "interpuesto recurso ordinario contra la misma" y ordena que se remita el expediente al Ayuntamiento "para que lleve lo acordado a puro y debido efecto".
Si no desacato, la, cuando menos, desidia mostrada por el ente local llevó a los vecinos a pedir de nuevo la intervención judicial. Así, el pasado 6 de octubre se dictó una nueva providencia que obligaba, una vez más, a que se "requiera a la Administración demandada para que en el plazo de diez días proceda al cumplimiento de la parte dispositiva", esto es, declarar la nulidad de las licencias.
Doble vara de medir Más que con los propietarios del local, "que los fines de semana no nos deja pegar ojo por el ruido" , José Javier Ruiz de Erenchun asegura que su principal queja va a dirigida hacia los responsables municipales. "El Ayuntamiento utiliza una doble vara medir a la hora de acatar las resoluciones en función de que le interese o no hacerlo",, afirma.
Ruiz de Erenchun, que también es presidente de la Asociación de Vecinos del Ensanche, recuerda que el Ayuntamiento ejecutó a primera hora del 16 de agosto el auto sobre el desalojo del Euskal Jai, dictado sólo cuatro días antes por otro juzgado de lo Contencioso Administrativo, en este caso el Número Dos.
"¿No tienen el mismo valor ambas órdenes judiciales?", pregunta. Este vecino también recuerda que el Consistorio "ha venido incumpliendo o cuando menos demorando, la ejecución de las resoluciones del Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) sobre la rotulación bilingüe de las calles de la capital, tal y como IU recordó en el Pleno del pasado jueves.
En su calidad de presidente de la Asociación de Vecinos del Ensanche, Ruiz de Erenchun conoce a fondo cómo funciona y actúa el Consistorio. De hecho, es el único ciudadano que acude a la práctica totalidad de los plenos municipales. Asegura que el Consistorio "acostumbra a seguir una justicia paralela". Por un lado, "desoye algunas de las resoluciones judiciales que no le son favorables" y por otro, en lugar de acatarlas, "se dedica a avasallar al ciudadano que le reclama con notificaciones y resoluciones administrativas".
Por otro lado, Ruiz de Erenchun también critica "la prepotencia que usa el Ayuntamiento cada vez que vas a reclamar cualquier tipo de servicio. Por sistema te dice que acudas a los tribunales, ante lo que el ciudadano normal prefiere no meterse en líos ni en gastos. Se aprovechan de eso", manifiesta.
Por último, el portavoz de los vecinos asegura que las molestias que sufren tanto de este local como de los del resto de los ubicados en el inicio de la calle Olite, se repiten cada fin de semana. "En San Fermín fue horrible, con la música a todo volumen hasta las ocho de la mañana", afirma. Denuncia por último que el Ayuntamiento "ha seguido otorgando licencias, a pesar de que esta zona está considerada como de riesgo de saturación de bares", concluye.
Una "actitud llamativa", según el juez
El portavoz de los vecinos reconoce que la anulación de las licencias obedece a un mero error formal, si bien advierte de que éste no es subsanable por mucho que el Ayuntamiento intentara meses después corregir el fallo en el que incurrió. En concreto, las licencias fueron otorgadas en septiembre de 2002, pero no fue hasta diciembre de ese año cuando el Consistorio llamó a la comunidad de vecinos, esto es, cuatro meses después de que concluyera el plazo para que los afectados pudieran presentar sus alegaciones. La sentencia critica además "la llamativa, por no utilizar otro calificativo, actitud del Ayuntamiento", cuando el presidente de la comunidad de vecinos acudió en octubre de 2002 a pedir información sobre si se les había dado audiencia sobre el expediente. Lejos de cumplir con su obligación de responder a una solicitud de información de un ciudadano, el Consistorio "no ofreció respuesta alguna", recuerda la sentencia. Fue entonces, "ante la evidencia de que por la vía administrativa no nos iban a hacer caso alguno, cuando decidimos poner el asunto en manos de un abogado y acudir a los tribunales", recuerda Ruiz de Erenchun.
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