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Sevilla, 12/10/04

El concejal de Gobernación de Sevilla declara el viernes por la querella vecinal por el ruido del Festival de Naciones

El concejal de Gobernación del Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Fernández, declarará este viernes en calidad de imputado por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y de prevaricación en relación con la querella vecinal interpuesta por la "contaminación acústica" producida por los espectáculos que cada mes de octubre se celebran en el Prado de San Sebastián con motivo del 'Festival de las Naciones'.

Según apuntaron a Europa Press fuentes del caso, la declaración, prevista en principio para el pasado 1 de octubre, se vio finalmente pospuesta por determinados problemas de agenda del juez instructor y quedó aplazada hasta este próximo viernes día 15.

La querella, a la que tuvo acceso Europa Press, argumenta que estos vecinos tienen sus domicilios familiares y profesionales en las inmediaciones del Prado y "sufren cada año, día y noche, durante un mes largo", una "agresión sonora" que es "de tal calibre" que "impide el normal desarrollo de la convivencia en los hogares y altera la vida profesional".

La situación, a juicio de los querrellantes, se hace "insoportable" durante la noche, ya que el ruido les provoca "alteraciones del sueño y complicaciones psicológicas y vivenciales", hasta el punto que muchos de los afectados tienen que "huir" de sus casas los fines de semana para "escapar de esta locura sonora anual". También están imputados en esta causa la jefa del Servicio de Protección Ambiental del Ayuntamiento y dos responsables de la organización del Festival, así como el Ayuntamiento como responsable civil subsidiario.

Los vecinos de las calles Manuel Vázquez Sagastizabal y Manuel Bermudo Barrera escribieron en octubre de 2003 una carta, que acompañan a la querella, a la delegada de Medio Ambiente en el Consistorio, en la que le informaban que sus domicilios registraban un ruido de fondo no inferior a 30 decibelios y llegando a superar el nivel de inmisión los 50 decibelios.

"Ataque implacable" a la salud
Para justificar su queja, incluyen en su querella un informe de inspección en el que se hace notar la superación en seis decibelios de los niveles acústicos permitidos por la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente en materia de ruidos y vibraciones. Asimismo, añaden una inspección del propio Ayuntamiento, realizada el 13 de octubre de 2003 en el domitorio de un denunciante, la cual registró un exceso de 15 decibelios.

Como consecuencia de tal inspección municipal, que manifestaba que la actividad excedía los límites sonoros máximos permitidos con ruidos "intolerables", el Servicio de Protección Ambiental dictó una resolución 17 días más tarde --el 31 de octubre-- con el Festival ya concluido, advirtiendo a la empresa del inicio de un procedmiento sancionador, tiempo durante el cual se "atacó" de forma "implacable" la salud de los vecinos.

El máximo responsable del Festival mostró su disposición a "colaborar para evitar causar molestias", si bien indicó en una carta remitida a estos vecinos el 21 de octubre de 2003 que el Ayuntamiento lo consideraba de interés público. En opinión de los querellantes, "prácticamente se exhorta a los vecinos a que aguanten el ruido porque el interés público lo exige".

Lamentan también que, en otra edición anterior, se emitiera el 9 de noviembre de 2001 una iniciación de procedimiento sancionador "cuando ya el Festival había acabado", y cuya resolución fue fechada el 3 de julio de 2002, con una sanción de 3.000 euros "pero no por el tema del ruido sino por 'celebración de espectáculos públicos careciendo de licencia o autorización'", algo "revelador" de la aproximación al asunto por parte de los responsables municipales.

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