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Oviedo, 07/03/04

«La sentencia del Constitucional no resuelve el problema de la movida»

«La solución es de los ayuntamientos, con policías, precintos o clausuras»
Érika Valles

Joaquín de la Riva
El silencio como derecho fundamental. El pasado miércoles el Tribunal Constitucional equiparó la tranquilidad acústica a derechos como el de libertad. El fallo vino promovido desde Gijón cuando el propietario de un bar, que había sido sancionado por el Ayuntamiento, decidió ir a la más alta instancia para reclamar la multa. Sin embargo, el fiscal de Medio Ambiente de Asturias, Joaquín de la Riva, espera que este pronunciamiento del Constitucional no lleve a engaños.

-¿Cómo va a afectar a la movida?

-Pues no mucho. Esta resolución del Tribunal Constitucional no va a ser la solución al problema nocturno. Es un problema de los ayuntamientos y son ellos los que deben solucionarlo por la vía administrativa y no por la penal.

-¿Cuál es la diferencia?

-Existen dos ámbitos para juzgar los problemas del ruido. Uno es penal y el otro administrativo, que depende de los ayuntamientos de cada ciudad. La mayoría de las denuncias que se presentan se resuelve por el ámbito administrativo. Es muy difícil que la contaminación acústica se considere un delito y pueda juzgarse por el marco penal. Sólo si la emisión de ruido, tal y como indica la ley, supone un grave riesgo para la salud de las personas, podría llegar a ser delito.

-Entonces, ¿qué supone este fallo?

-Sin duda, se trata de un respaldo del Tribunal para continuar persiguiendo las emisiones de ruido. Pero que esto no confunda a la gente. No pueden creer que ésta es la solución a sus problemas. Sólo es un respaldo, un plus más de apoyo. En el tema de la movida que tantos problemas ha traído son los ayuntamientos los que tienen en sus manos la solución. Cuentan con unas ordenanzas municipales que tienen que hacer cumplir y tienen medios para hacerlo. Con Policía Local, colocando precintos, clausurando bares o quitando licencias. En muchas ocasiones sí tenemos algún caso de desobediencia por eliminar los precintos. Pero el derecho penal tiene que quedar reducido a los casos más graves de contaminación acústica e intentar solucionarlos.

-¿Un derecho fundamental?

-Ése es el verdadero avance. El Tribunal Constitucional lo ha equiparado a otros derechos como el de la libertad. Soportar ruido puede resultar un verdadero suplicio. Hace que la gente pierda los nervios. Se introduce en casa y es como atentar contra tu intimidad. El Constitucional se ha dado cuenta del daño psicológico que provoca y es lo que persigue.

-¿Cuáles son los problemas graves de emisión a los que se refería?

-El Código Penal ya habla de ruidos y vibraciones que afecten gravemente a la salud de las personas. La gente cree que cualquier superación de los límites establecidos supone un delito, y no es así. Hay que justificar otra serie de consecuencias.

-¿Hay algún ejemplo?

-La primera sentencia penal en España fue en una sala de fiestas en Palencia. Al dueño se le impuso una pena de cuatro años de prisión. Pero fueron muchos años los que los vecinos aguantaron el ruido de ese local. Muchos sufrieron depresiones, estrés, tuvieron que acudir a especialistas. Pero eso no puede confundirse con el hecho de que pase una moto haciendo ruido.

-¿Cuáles son las penas por contaminar acústicamente?

-Pueden ser de hasta seis años de prisión en el peor de los casos. El tipo básico prevé unas penas entre seis meses y cuatro años de prisión y una multa de más de 216.000, 36 millones de pesetas.

-¿En estos momentos se instruye algún caso en Asturias?

-En la fiscalía estamos estudiando un caso, pero se trata de una industria. Es una empresa de calcinación que cuenta con sistemas de criba que son ruidosos. Los vecinos de la zona lo denunciaron y lo estamos estudiando.

-¿La mayoría de las denuncias por ruidos es contra las industrias?

-Sí. Todas las denuncias que hemos recibido están referidas a empresas. Excepto en una ocasión, el campo de tiro de Santa Marina, en Piedramuelle. Lo colocaron en una explanada al lado de una urbanización. Pero el Ayuntamiento se dio cuenta de que no era el emplazamiento idóneo y lo cambió de sitio. Excepto ése, siempre han sido empresas.

-¿Y ha habido alguna sentencia penal?

-Aquí nunca. Hemos instruido varias causas, pero no se formuló la acusación. En este caso, se trata de una empresa que ha puesto nuevas instalaciones y tiene una licencia provisional. Miramos si tiene todas las medidas correctoras y si las cumple.

-¿Ha habido alguna denuncia contra polígonos enteros?

-No, nunca, y sería muy complicado. Especialmente, porque habría que distinguir cuál es la empresa o empresas que se están excediendo en la emisión de ruidos y cuáles no. Parece poco probable que suceda.

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