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Sevilla, 25/06/04
Editorial
La judicialización del ruido
La inhibición del Ayuntamiento de Sevilla en relación con el ruido y los efectos de la movida nocturna han provocado la judicialización del problema, hasta el punto de que al día de hoy nos hallamos en la siguiente situación: los vecinos de la calle Torneo presentarán la semana próxima una demanda por lo civil y lo penal contra el Ayuntamiento y los empresarios de las terrazas de verano sitas en la isla de la Cartuja; éstos, a su vez, denuncian al presidente de la asociación vecinal; la delegada municipal de Medio Ambiente, Cristina Vega, proclama que está dispuesta a defenderse de las acusaciones vecinales hasta ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; el fiscal jefe de la Audiencia Provincial estudia la posibilidad de intervenir de oficio por la alarma social creada; el Juzgado de Instrucción número 4 imputa por un presunto delito ecológico por la contaminación acústica en el Prado de San Sebastián al delegado municipal de Gobernación, y el juez decano confirma que en los 20 juzgados de instrucción de la ciudad se están recibiendo cada vez más denuncias por el exceso de ruido.
El Ayuntamiento ha sido quien ha propiciado esta judicialización del problema del ruido al no dejar otra opción a los vecinos, puesto que la propia delegada de Medio Ambiente declaró que no se sentía obligada a actuar de oficio contra la movida y que sólo intervendría si mediaban denuncias vecinales. Dado que la Corporación Municipal se lava las manos y de que las denuncias vecinales no surten efecto administrativo alguno (el caso del Festival de las Naciones es paradigmático: cuando se decretaba su clausura por contaminación acústica era justo cuando ya se había terminado), los residentes han visto que el único recurso que les quedaba era trasladar esas denuncias a los Juzgados en vez de a un Ayuntamiento que los ha mantenido sistemáticamente en el más absoluto de los desamparos y cuyo alcalde lleva dos años sin convocar siquiera la Mesa por la convivencia en las noches de Sevilla.
Si por ende la delegada de Medio Ambiente se enfrenta públicamente a sus propios administrados y entra en esa misma dinámica judicial, la lectura política es obvia: el Ayuntamiento ha fracasado en la gestión de esta crisis y por su propia desidia y arrogancia no ha dejado a los vecinos (el Prado de San Sebastián, Torneo, Torre del Oro) más opción que irse a los tribunales. La suerte está echada.
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