Los vecinos de la 'Plantona' mantienen la petición de cierre

Los residentes del Pisón acusan al Ayuntamiento de tratar de ralentizar los procesos con «trámites innecesarios»

J. P.

UBICACIÓN. La 'Plantona', entre el Pisón y el Molinón. / E. C.

La asociación de afectados mantiene en pie la petición de que se cierren las instalaciones tras las sentencias del Tribunal Supremo del pasado mes de noviembre. En una de ellas se dejaba sin validez legal la licencia que permitió en 1996 la apertura de las instalaciones pese a que estas ya funcionaban desde el año 1994.

La petición de clausura de la 'Plantona' ha sido replicada por los abogados municipales con la presentación de un informe elaborado por el Gobierno regional en el que se asegura que la planta de pretratamiento se puso en el único sitio donde era posible, que se aprovecharon instalaciones anteriores y que gracias a su existencia se ha evitado el vertido al mar cada año de 338 toneladas de de sólidos, 178 de arenas sucias y nueve de grasas. Es decir, que en poco más de diez años de funcionamiento se habrían filtrado no menos de 5.000 toneladas de contaminación.

A juicio de los técnicos, los estudios de impacto ambiental que se han hecho en el entorno de la instalación determinan que las molestias producidas por el ruido, los olores y las emisiones contaminantes tienen un nivel de reducción «aceptable».

Pero para los vecinos, este informe no sirve para dar por ejecutada la sentencia del Supremo. El abogado de los afectados, Roberto Roces, aseguró a este periódico que el Ayuntamiento de Gijón «trata de ralentizar al máximo el proceso poniendo todo tipo de trabas y con trámites que son innecesarios».

Según Roces, una de las últimas estrategias municipales consiste en no reconocer como asociación al grupo de quince vecinos del Pisón que lleva varios años pleiteando contra la instalación de la 'Plantona'. En un escrito remitido al Tribunal Superior de Justicia, los abogados del Consistorio gijonés volvieron a pedir los estatutos de la asociación, algo que, según Roces, «es de risa después de más de cien pleitos abiertos en los que ellos siempre llevaron la iniciativa. Sólo tratan de demorar las cosas».

El abogado de los afectados insiste en que la clausura de la planta de pretratamiento es posible y recordó para ello anteriores decisiones de otros jueces referidas a instalaciones similares en otras comunidades.

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