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Cáceres, 05/06/04
Condenado un hostelero por romper el precinto municipal impuesto a su bar
El juzgado le impone una multa de 60 días con cuota diaria de 12 euros por una falta de desobediencia
El precinto que pone la Policía Local a un bar no lo puede romper el hostelero y abrir de nuevo el local. Así lo ha decretado el juzgado de instrucción número 6 de Cáceres, que ha condenado al propietario del bar Maravedí por una falta de desobediencia a una pena de sesenta días con una cuota diaria de 12 euros (en total 720 euros), con un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias impagadas.Por resolución de la alcaldía, la Policía Local puede precintar un local por distintos incumplimientos de la normativa: exceso de ruidos, falta de licencia para obras o apertura, acumulación de multas por no respetar los horarios, aforos, etcétera. Es el caso del este establecimiento, que fue precintado por la Policía Local el pasado mes de febrero. Se le puso el precinto al comprobarse que estaba abierto a pesar de haberse decretado su clausura por resolución de la alcaldía notificada al denunciado, quien al día siguiente de ponerse el precinto, rompió éste y abrió el establecimiento. La Policía Local presentó una denuncia en el juzgado, que ahora acaba de publicar la sentencia, que puede ser recurrida en la Audiencia Provincial.
En la sentencia, el juzgado señala que el denunciado reconoció que rompió el precinto porque su abogado le dijo que el Ayuntamiento no es competente para clausurar el bar sino la Junta de Extremadura. El juzgado afirma que esas alegaciones no son válidas porque los agentes de la Policía Local están facultados para poner un precinto y que, en todo caso, si hay discrepancias sobre las competencias de la autoridad que decretó tal precinto, éstas deben resolverse por otros cauces legales previstos, como los recursos contenciosos, por ejemplo. En definitiva, quebrantar un precinto constituye una falta de desobediencia y por tal hecho se produce la condena.
Esta sentencia viene a suponer un espaldarazo para el Ayuntamiento ya que tiene pendientes varias órdenes de clausura de bares que no han sido respetadas por sus propietarios y que han acabado, como en este caso, en denuncia en el juzgado por quebrantamiento de precintos.
Otros bares
En tal sentido, el concejal de Seguridad Ciudadana, Santos Parra afirma que la sentencia supone un reconocimiento del principio de autoridad de la alcaldía: «el principio de autoridad no se resquebraja», afirma el concejal, quien considera, no obstante, que la cuantía de la condena es escasa, lo que no impide su efectividad en el supuesto de que los denunciados se planteen reincidir en la violación de los precintos.Respecto de la situación de los bares, el Ayuntamiento mantiene órdenes de clausura a varios establecimientos de la movida, en algunos casos con precintos quebrantados, y en otros con resoluciones de cierre temporal comunicadas por reiteración de incumplimientos de horarios, todavía en período de alegaciones.
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