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Zamora, 05/08/04
El Procurador del Común insta al precinto de discobares por exceder el nivel de ruido
El Ayuntamiento ha decretado el cierre de al menos dos establecimientos en la plaza de El Fresco y la calle Balborraz y la imposición de sanciones a reincidentes
Susana Arizaga
El Procurador del Común ha instado al Ayuntamiento de Zamora al precinto de varios discobares de la capital por exceder el nivel de ruido permitido por la legislación vigente, así como a obligar a insonorizar los locales que provocan molestias y a imponer las sanciones económicas que correspondan por vulnerar la normativa. Asimismo, pide a la institución local, tras las quejas cursadas por los ciudadanos, que inspeccione otro establecimiento de la capital a fin de comprobar si sobrepasa el límite de ruido permitido y, en su caso, exigir las reformas necesarias para corregir esa situación.El requerimiento del Procurador del Común -que la Asociación de Afectados por Ruidos adjuntará a la querella presentada contra el Ayuntamiento de la capital- se ha hecho público cuando la institución local ha ordenado ya el cierre de, al menos, dos establecimiento (en la plaza de El Fresco y en la calle Balborraz) e iniciado los trámites para proceder a la clausura de otros establecimientos, según confirman integrantes de la Asociación.
La institución local también ha puesto en marcha su maquinaria para proceder a imponer sanciones a los establecimientos reincidentes, tal y como solicitaban los afectados por los ruidos y como exigía el Procurador del Común no sólo en el escrito que acaba de remitir al Consistorio zamorano, sino en otros muchos con los que ha tratado de exigir, sin éxito, una atención a quienes se han visto perjudicados por esas actividades.
Los integrantes de la Asociación contra Ruidos resaltan las críticas que este organismo regional de defensa del ciudadano ha vertido hacia el Ayuntamiento en sus sucesivas resoluciones por la «nula colaboración o diligencia de esta institución» para resolver el problema de ruidos denunciado reiteradamente, explica un asociado. Estos han acudido al Procurador en diversas ocasiones ante lo que consideran la dejación de funciones del Consistorio para poner fin al elevado nivel de decibelios que sufren algunos zamoranos en sus hogares, por la actividad de bares, base fundamental de la querella interpuesta en el Juzgado contra la Administración local.
El último informe del Procurador abunda en la contundencia de la legislación vigente y en las sentencias del Tribunal Supremo que reconocen a los ayuntamientos las competencias en materia sancionadora y correctora para el control de las actividades nocivas o peligrosas, en las que se enmarcan los establecimientos hosteleros.
Intervenciones de oficio
Así, recuerda al Consistorio de la capital que su función como «titular de policía de seguridad no se agota con la concesión y la revocación de las licencias de apertura -las que se otorgan a bares, pubs, discotecas y cafeterías-, sino que disponen de unos poderes de intervención de oficio y de manera constante con la finalidad de salvaguardar la protección de personas y bienes». Esta puntualización le sirve para hacer especial hincapié en que el Ayuntamiento zamorano puede «imponer cualesquiera correcciones y adaptaciones que estimen necesarias».En el escrito, remitido al Ayuntamiento de Zamora el 29 de julio, el Procurador del Común subraya que «la actuación de los ayuntamientos no culmina exclusivamente con la concesión de las licencias, sino que deben inspeccionar el funcionamiento de las actividades y, en caso de advertir deficiencias o incumplimiento de los requisitos de las licencias, imponer medidas tendentes a su corrección y adecuación de la misma», en cumplimiento de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.
Proteger el interés público
En ese mismo sentido, menciona que la licencia de apertura y funcionamiento de establecimientos o actividades de este tipo «hace surgir una relación permanente entre la Administración y el sujeto autorizado con el fin de proteger el interés público en todo caso frente a las vicisitudes y circunstancias que puedan surgir durante el funcionamiento de la actividad». El escrito recoge la falta de precisión en la información facilitada por el Ayuntamiento sobre la cuantía de sanciones y las denuncias cursadas por los afectados, sobre las que a veces no se ha dado cumplida información al Procurador.
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