La Junta actuará de forma subsidaria contra los ruidos si existe inoperancia municipal

JOSÉ CEJUDO

La Consejería de Medio Ambiente ultima la elaboración del que se espera que sea el tercer y último borrador del Decreto sobre Ruidos, que podría entrar en vigor antes del verano

Según ha manifestado a ABC el director general de Prevención y Calidad Ambiental, Juan Espadas, las principales novedades que aporta el texto guardan relación con el papel de los ayuntamientos en la lucha contra la contaminación acústica. Así, la Junta actuará de forma subsidiaria ante un problema de ruidos, previa denuncia de los afectados, si se constata la «inactividad» del Ayuntamiento de referencia para solventar la situación. Sin embargo y para evitar que se produzca esa dejación de funciones, la Consejería de Medio Ambiente incrementará su aportación a los municipios en materia de medios técnicos y económicos, a través de los planes de «Ciudades Saludables».

Mediciones

La Junta, por otra parte, duda en la actualidad si incluir en el decreto, como quieren las asociaciones vecinales, aspectos puntuales muy concretos sobre, por ejemplo, como realizar las mediciones, cuestiones que a juicio de Juan Espadas pueden entrar en colisión con lo que es la «autonomía municipal», ya que teóricamente tendrían que venir reguladas en los reglamentos de ámbito local.

«Nosotros somos la administración ambiental, la que está elaborando el texto, y tenemos clarísimo que si hay dos derechos en juego, el de los establecimientos y el de los ciudadanos, claramente prima el de los segundos. por lo tanto -resalta el director general-no es discutible que la contaminación acústica es un problema prioritario que las autoridades locales deberían poner por delante de otros. La cuestión está en saber hasta dónde podemos conseguir jurídicamente en un decreto que eso sea una prioridad política para un gobierno local».

En opinión de Espadas, el decreto «no será una solución al problema de los ruidos, será un instrumento para lograr que la autoridad municipal no pueda decir que no tiene cobertura jurídica para cerrar un local o denegar una licencia en una zona potencialmente saturada de ruido. El marco legal se va a tener, pero al final la responsabilidad y la decisión serán totalmente de los ayuntamientos».

Otro de los retos de la Junta de cara a la redacción del decreto es cómo introducir lo que los expertos denominan «efectos acumulativos del ruido», el que se genera, a modo de ejemplo, en el entorno de locales que internamente se ajustan a la legalidad, pero que en los alrededores se producen concentraciones de vehículos con equipos de música a todo volumen. «Estamos viendo de qué manera se le pueden exigir obligaciones al titular del establecimiento para que tuviese en cuenta este tipo de cuestiones», aspunta Espadas. «Eso -añade- tiene que estar muy coordinado con las competencias municipales, por lo que se requiere de una planificación distinta de las ciudades, de forma que las actividades generadoras de ruidos tienen que estar en zonas compatibles con los otros usos y con los otros derechos de los ciudadanos».

En Andalucía la última normativa de ruidos data del año 96, un reglamento que desarrolla la Ley del 94 de Protección Ambiental, a lo se une norma de la Junta que establece una especie de ordenanza marco. A nivel etatal, el Consejo de Ministros remitió al Congreso dos semanas atrás un proyecto de ley sobre ruidos.

El decreto que ahora ultima la Junta actualiza, teniendo como referencia una encuesta realizada a los ayuntamientos, la referida normativa autonómica, y por otro lado el problema del ruido o contaminación acústica toma carta de naturaleza y adquiere rango de reglamentación específica, fuera del «paraguas» de la norma general de la calidad del aire. Por último, la nueva directiva establece la obligatoriedad de los ayuntamientos de elaborar unos «mapas de ruidos y planes de acción», compatibilizando el uso de la ciudad con el problema de la contaminación acústica, al tiempo que refuerza, enfatiza Juan Espadas, la «información al ciudadano».

En este aspecto destaca que «la Unión europea te obliga a que se dé una serie de información a los ciudadanos y le permitas participar en la elaboración de los mapas de ruidos. Y el círculo, según el director general, se cierra con todo lo vinculado a la calidad acústica: cómo revisar los límites de ruidos, no en el método, donde no se prevén cambios, sino en la forma de hacer que la normativa sea más fácilmente cumplible.

Así, indica que no se trataría sólo de reducir el nivel de ruido en el tráfico, sino que habría que incrementar también el nivel de aislamiento en la edificación.

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