Medio Ambiente actuará en denuncias por ruido si no lo hacen los municipios

El nivel de contaminación acústica detectado en Palma supera los límites debido al tráfico

A. ARTIGUES

La conselleria de Medio Ambiente del Govern, que dirige Margalida Rosselló, ha iniciado la modificación de la actual normativa sobre contaminación acústica, creada en 1987, con la intención de actualizar el régimen sancionador y, especialmente, para aumentar la capacidad de actuación de la Conselleria ante las denuncias de los ciudadanos.

Margalida Rosselló aseguró que el ruido es una fuente de contaminación clara y que la sociedad está cada vez más concienciada de la importancia del problema. De hecho, según señaló la consellera, las quejas por ruidos son motivo de denuncia habitual ante el Defensor del Pueblo por parte de ciudadanos "desesperados" tras comprobar que sus denuncias ante las administraciones no surten efecto.

En Palma, según explicaron Rosselló y el director general de Calidad Ambiental, Nicolau Barceló, el nivel de contaminación acústica es superior a los parámetros que marca la legislación a causa, esencialmente, del tráfico. Mediciones

La alta contaminación acústica del centro de Palma es detectada por el sonómetro incluido en la cabina que mide la contaminación atmosférica (que se mantiene por debajo de los límites establecidos) y que está ubicada en la confluencia entre las avenidas y la calle Manacor.

La consellera apuntó que, ante esta situación, es necesario tomar medidas. Por ello, una de las principales novedades que el proyecto de reforma incluye es incrementar las funciones de la Conselleria, a la que en estos momentos llegan quejas de ciudadanos. Ruidos industriales y los provocados en zonas turísticas por la música y clientes de las terrazas aglutinan el mayor número de quejas.

Según explicó la consellera Rosselló, el decreto aprobado en 1987 sólo contempla la intervención de la Conselleria a petición del ayuntamiento ante el que se haya presentado la denuncia mientras que, ahora, con la nueva redacción se prevé que el Govern pueda abrir expediente de forma subsidiaria si la administración municipal no actúa ante la queja del ciudadano.

Asimismo, se establece un nuevo régimen sancionador, con multas de hasta 6.000 euros para las infracciones leves y multas de 6.000 a 60.000 euros para las graves. El nuevo decreto no podrá ser aprobado en esta legislatura.

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