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Granada, 13/10/2002

La presión vecinal sólo consigue que el botellón tome nuevas plazas y barrios

A las tradicionales zonas de concentración de jóvenes se suman ahora placetas del Albaicín, como Carvajales o San Nicolás, y del Realejo. Ni la contratación de guardias jurados, ni el vallado de urbanizaciones, ni las denuncias han conseguido poner freno a este fenómeno
J. R. VILLALBA

El Realejo y el Albaicín, con un porcentaje muy elevado de personas mayores, están padeciendo ahora y de forma abusiva los efectos de la movida , concentrada en el botellón o en ciertos locales de ocio. Los vecinos de Reyes Católicos, Plaza Nueva, Pescadería, avenida de Madrid, desesperados y desamparados temen la llegada del fin de semana. Para ellos y ellas el descanso está prohibido. Y es que la presión vecinal sólo ha logrado que se sumen a la espiral del botellón nuevas plazas, calles y zonas que hasta hace años sólo sabían de este fenómeno por lo que les contaban sus vecinos, familiares u amigos. Ahora la realidad les ha cogido de frente.

El problema lo constata también la Policía Local. «Antes los enclaves del botellón los teníamos más concentrados en pocas áreas, ahora se ha dispersado más por todos aquellos sitios que tienen una plaza, unos bancos y dos luces, y llegar a todos los sitios con los medios actuales resulta imposible», asegura Juan de Dios Moreno, secretario general del sindicato independiente de la Policía Local granadina.

Intentos infructuosos

La portavoz de la asociación Granada contra el Ruido , Amparo Fernández, recuerda con dolor cómo cada fin de semana contrataban los servicios de un guardia jurado a razón de 1.800 pesetas la hora para evitar el asentamiento de los jóvenes en los bajos de los edificios Área Centro, junto a la biblioteca de Andalucía. No contentos con esta solución procedieron al vallado de estos soportales, consiguiendo trasladar el problema a la plaza profesor Fontboté. A pocos metros de estos edificios. Las pastillas para dormir se acumulaban en su casa de la misma manera que las quejas vecinales contra el ruido colapsan cada fin de semana la centralita de la Policía Local. Cinco años después reconoce que aún no puede dormir bien por las noches y que necesita el sonido de una radio para descansar. El botellón abandonó su zona y se trasladó a la plaza Albert Einstein, dos calles más abajo.

«Mira, las denuncias no sirven para nada, cuando hemos llamado a la policía nos han dicho que no es de su competencia hacer las mediciones de ruido, y mientras tanto hemos comprobado cómo no se cumplen las ordenanzas contra el ruido ni contra la venta de alcohol a menores de 18 años en ciertos establecimientos», señala Fernández. Las palabras de esta víctima del ruido no se alejan demasiado de la versión facilitada por un policía local. «Muchos fines de semana la centralita queda colapsada por este problema y es imposible atender a los requerimientos de los ciudadanos». Juan de Dios Moreno, secretario general del sindicato independiente de la Policía, reconoce que ellos sólo pueden tramitar un informe a Medio Ambiente sobre algún local que supuestamente excede el nivel de decibelios permitido. «Las mediciones las hacen los técnicos de Medio Ambiente».

La Policía Local poco puede hacer contra los adeptos al botellón que incumplen la ordenanza municipal que prohíbe hacer ruido en la vía pública por la noche. «¿Qué hacemos, denunciamos a los centenares de personas presentes en una plaza?». Evidentemente resulta «imposible». Tanto como controlar la venta de alcohol a menores de edad en gasolineras o en tiendas de 24 horas. «No disponemos de suficiente personal para velar por el cumplimiento» de la Ley de Prevención de Drogas. Los cuarenta agentes locales que patrullan las noches de los viernes y los sábados poco más pueden hacer. «Sólo podemos disuadir a los jóvenes y tardamos dos horas en despejar una plaza con quinientas personas, no tenemos ninguna otra arma legal para actuar».

Y así, miles de vecinos roncan despiertos de pura impotencia, esperando soluciones que nunca llegan. Mientras tanto, las iniciativas vecinales pasan por el consumo de pastillas para conciliar el sueño, el vallado de sus edificios, la contratación de guardas jurados, la formulación de denuncias, que según todos los afectados consultados suponen esperar mucho tiempo y la mayoría de las veces acaban en saco roto, la venta del piso o la huida hacia otro lugar durante los fines de semana.

«Tenemos unos políticos muy flojos. Mis problemas empezaron en la época de Berbel y con Moratalla continúan igual de mal», denuncia José Ignacio Allué, quien recrimina a la Concejalía de Medio Ambiente no haberse personado como acusación en el juicio que dirime contra el propietario de un pub. Amparo Fernández se pregunta por qué «no prosperan la mayoría de las denuncias presentadas por los vecinos, que sólo logran aburrir a los denunciantes y colmarlos de impotencia ante este gravísimo problema». Ronquidos de impotencia El tobogán de la impotencia columpia desde hace años la paciencia de miles de vecinos de Granada presos de un problema sin solución momentánea, llamado ruido e interpretado por los adeptos del botellón , de la movida o de algunos locales de ocio atrincherados en una guerra sin tregua contra esas personas que viven en la planta de más arriba.

El destino mandó a Granada a Jose Ignacio Allué hace siete años. Sus hijos, mujer y trabajo le auguraban una seguridad y un bienestar que podría colmar las aspiraciones de cualquier individuo con cuarenta años en una de las ciudades más bellas del mundo. Se rasgó el bolsillo para encontrar los quince millones de pesetas que pagó por un piso en el pasaje Sócrates, en pleno corazón de la zona de marcha granadina. «Yo no conocía el infierno», comenta. Aunque el infierno se apresuró a entrar en su vivienda sin pedir permiso y sin el consentimiento de sus moradores. La primera noche no logró conciliar el sueño y a la siguiente bajó a presentarse a los dueños del pub ubicado justo debajo de su vivienda. Pidió respeto y escuchó buenas palabras. Pero los distorsionantes sonidos del local de ocio no dejaban de ahuyentar los intentos de soñar al ritmo de los ronquidos. «Tres mediciones del Ayuntamiento me dieron la razón». Se sancionó al establecimiento con una multa de un millón de pesetas. Pero el dueño del local recurrió la sanción. Hoy siete años después, José Ignacio ha vendido su piso, sin ganarle ni una sola peseta, y se ha trasladado a otro que le ha costado más. Abandonó el barrio por otro, por culpa del ruido que aún sigue generando problemas. «Ahora espero una sentencia en firme» después de haber apelado contra el último dictamen de los tribunales que invalidaba la medición del ruido realizada por el Seprona, debido a que no se realizó de forma correcta. «Espero la decisión judicial para marzo del próximo año, y esto sólo es el principio de un montón de iniciativas más que pienso presentar». Su juicio, celebrado el pasado mes de junio, fue el primero en toda Andalucía por las molestias generadas por el ruido que emitía un pub.

El coste por defender sus derechos como ciudadano: la compra forzada de un piso nuevo, los gastos de un abogado, «amenazas», y la imposibilidad de conciliar el sueño durante más de cuatro años. Su delito: comprarse un piso encima de un pub.

Personas mayores

Los años de Eduardo y de Sofía suman cerca de los 150. Ella es epiléptica, él disminuido físico. Vivían en Gran Capitán. Pero también se tuvieron que marchar. Ahora logran dormir tranquilos en su nueva morada de la calle Navas. Durante un largo periodo de tiempo, Sofía padeció más ataques epilépticos de lo normal originados por las molestias del ruido que generaban algunos locales de ocio de su entorno y la marabunta de personas que tomaban la calle para celebrar, a golpe de alcohol, las maldita tradición de divertirse sin respetar el descanso de los demás en plena vía pública. Las reiteradas denuncias cursadas ante el área municipal de Medio Ambiente no surtieron efecto. Ni en la época de Berbel ni en la de Baltasar Garzón.

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