La sentencia del "botellón''

RAFAEL RUBIO MARTÍNEZ

Hace unos días, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -con motivo de la demanda que varias asociaciones de vecinos de Sevilla interpusieron en 1997 contra el gobierno municipal del PP- condenaba al Ayuntamiento a "adoptar las medidas que impidan el consumo de bebidas alcohólicas fuera de los establecimientos, la utilización de aparatos musicales que sobrepasen los límites de emisión permitidos, facilitando la libre circulación de los vecinos''.

Me ha parecido interesante hacer algunas consideraciones sobre este fallo judicial por dos razones fundamentales; primero, porque el problema del "botellón'' o, lo que es lo mismo, la ocupación de la vía pública por grandes concentraciones de jóvenes en las noches de viernes y sábados hasta altas horas, también se produce en Valencia, y en segundo lugar, porque la sentencia andaluza pone de relieve y censura la "inactividad'' de la Administración municipal, modo de actuar definitorio de la acción política del Partido Popular, cuya incapacidad de intervención en este tipo de asuntos es sobradamente manifiesta también en nuestra ciudad.

No hay, ciertamente, soluciones mágicas, pero esto no es óbice para buscar fórmulas que, como mínimo, reduzcan la dimensión del problema. Fórmulas que, precisamente por no ser mágicas, requieren dedicación y esfuerzo, en la aplicación de medidas correctoras, de forma que el ejercicio de los derechos de unos no conculque los derechos de los demás.

La noche invita al ocio. Decenas de miles de jóvenes -y no tan jóvenes- encuentran a esas horas y en ese territorio las pulsiones y emociones que les hacen sentirse vivos, y con ello, también, dan vida a la ciudad. Pero ese fenómeno, si es desmedido, puede producir también una profunda degradación urbana, puesto que niega el derecho del resto de ciudadanos al descanso, a la intimidad y a la propiedad. Numerosos vecinos del barrio de San José, Ciutat Vella o la zona de Juan Llorens, por citar sólo algunas zonas de nuestra ciudad, necesitan píldoras para dormir o han tenido que insonorizar sus viviendas. Algunos, incluso, han malvendido sus casas depreciadas y a otros les han convertido su fin de semana de descanso en un infierno. Ante la pasividad del gobierno municipal del PP, los derechos de estos ciudadanos y ciudadanas son vulnerados de manera sistemática un fin de semana tras otro.

¿Se pueden proteger los derechos de estos ciudadanos, respetando y encauzando el derecho al ocio, la cultura y la diversión que la noche ofrece? Desde mi punto de vista, sí. La sentencia que comentamos dice que "a la Administración le incumbe en su función de policía el cumplimiento del deber de vigilancia de horarios de cierre, emisión de ruidos de bares, vehículos, etc.'', y que "ciertamente dichas medidas resultan impopulares y pueden tener un coste electoral por parte del sector afectado, pero no hay que olvidar que la Administración, como proclama el artículo 103 de la Constitución, debe servir con objetividad los intereses generales con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho así como a los fines que la justifican (artículo 106 de la Constitución)''. Más claro, imposible.

No cabe duda de que la ciudad de Valencia dispone de medios suficientes para tomar medidas inmediatas de protección y prevención en las zonas especialmente degradadas. El problema es que nuestra autoridad municipal es incapaz de aplicar medidas contundentes, por impopulares, y de llegar al consenso entre los sectores implicados, por su propia prepotencia. Otros ayuntamientos más centrados en su labor han puesto en marcha experiencias interesantes que, seguro, estarían dispuestos a compartir con el nuestro.

Los responsables políticos lo son en tanto que responden ante la gente afrontando los problemas que se plantean. De no ser así, los ciudadanos acaban perdiendo la confianza en las instituciones públicas y la misma democracia se degrada. El reto, pues, consiste en hacerse cargo del problema y arbitrar sin dilación posibles soluciones a la mayor brevedad. Así de sencillo.

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