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Madrid, 20/1/2002

Los vecinos afectados por el «botellón» acusan al Ayuntamiento de Madrid de incumplir las ordenanzas

M. J. Álvarez

Morgades: «Hay una auténtica anarquía con el alcohol y hay que combatirla»

«Los últimos años han sido nefastos y tenemos que recuperar el terreno perdido para acabar con la auténtica anarquía que reina con el alcohol». Así de tajante se manifiesta el Defensor del Menor, Pedro Núñez Morgades.

Los efectos y los perjuicios que genera el consumo abusivo de esta sustancia se han convertido en una de sus principales preocupaciones. Por ello, ha sido el impulsor de la «Mesa del Botellón», un foro de debate social, que esta semana celebrará su segundo encuentro. De ella saldrán propuestas que elevarán a las Administraciones para que las apliquen. «La sentencia del TSJA supone un aldabonazo a la hora de romper la permisividad social que existe por parte de todos: padres, educadores, Ayuntamientos y Gobiernos».

Agrega: «El alcalde dice que necesita un respaldo legal porque una orden no basta, pero lo cierto es que se vende a cualquier hora, y a domicilio, y que hay que restringir la disponibilidad del alcohol». A su juicio las soluciones no son únicas: deben intervenir todas las partes y cada una ejercer su responsabilidad.

La sentencia del TSJA condenando al Ayuntamiento de Sevilla por no frenar el «botellón» ha supuesto un revulsivo para las asociaciones de vecinos de las zonas «estrella» de una práctica, que se traduce en un sinfín de molestias derivadas del ruido, o de los actos vandálicos en portales, vehículos o mobiliario urbano, además del reguero de basura. «El Consistorio no cumple las ordenanzas, y de no rectificar, iremos a los tribunales», indican.

Las quejas de los vecinos que viven en las zonas afectadas por el «botellón» se van a intensificar. El hartazgo y la falta de soluciones a los problemas derivados de esta «moda» son las causas. La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la que condena al Consistorio hispalense por no frenar esta práctica les ha dado aliento. A pesar de que son conscientes de que la costumbre de consumir alcohol en la calle no es responsabilidad única del Consistorio, sino también de las Administraciones autonómica y local, por ser una cuestión que pasa por su regulación, acusan al Ayuntamiento de Madrid por no hacer cumplir las ordenanzas.

¿QUÉ SE PUEDE HACER?
Vicente Hernández, portavoz de la AA.VV. de Malasaña, indica que «los perjuicios que sufrimos serían menores si les diera la respuesta adecuada, que está recogida en la normativa; así se acabaría con la actual sensación de impunidad». Por ello afirma que si no rectifica acudiremos a los tribunales.

¿Pero qué puede hacer el gobierno local cuando el consumo de alcohol en la calle no está prohibido? «Una labor de vigilancia, que debe ejercer la Policía Municipal, y sancionar cuando alguien orina en la calle, en las fachadas de las viviendas o en los portales, cuando los llenan de pintadas, o rompen cristales, actos que están prohibidos. Se trata de que no haga dejación de sus funciones».

A este respecto, considera que las ordenanzas son suficientes dentro de las competencias municipales, pero el problema es la pasividad: «La Policía Municipal no acude a los requerimientos de los vecinos; tienen instrucciones de no actuar por razones de seguridad -asegura-, y así el casco histórico de la ciudad es «jauja»; nos sentimos impotentes». Con los bomberos explica que sucede igual. Lo achaca al miedo. «Los reciben a pedradas, como cuando vienen a apagar las enormes fogatas de la plaza del Dos de Mayo». ¿Quien lo hace? «Los vecinos, a riesgo de que les suceda algo, porque los municipales dicen que no están para apagar fuegos». Explica que «si las concentraciones humanas son peligrosas, lo son aún más cuando media el alcohol y puede ocurrir una desgracia». Sus quejas no acaban: «Además de que no podemos ejercer nuestro derecho al descanso, invaden un espacio público y otro privado, nuestros portales, y nos sentimos intimidados».

ATAQUE A LA SALUD Y CONVIVENCIA
Desde la Asociación de Justicia Juan Carlos Nogueira subraya que el «botellón» causa muchos perjuicios. «Los daños no sólo afectan a quienes se ven obligados a soportar sus efectos, ni al bebedor, sino al medio ambiente, por la contaminación acústica y el rastro de basura, que convierten al centro en un vertedero inhabitable». Junto a ello, agrega que la inseguridad afecta a los propios jóvenes «porque entre los que hacen los «botellones» hay grupos violentos». Por ello, exige más vigilancia policial. De la misma opinión es el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, Prisciliano Castro: «El Ayuntamiento debe actuar para impedir que se atente contra la salud y la convivencia. No es de recibo que se permita que los comercios incumplan los horarios de cierre y vendan a diestro y siniestro hasta las tantas, ni que se venda en la calle o se tiren y rompan botellas sin que nadie haga nada».
NO CIERRES EN FALSO
Consciente de que el problema es complejo y que el Ayuntamiento no puede hacer milagros, agrega que la sentencia del TSJA -una vía más que van a estudiar-, sí puede ayudar a que «cada uno haga su papel». Así, subraya que la Comunidad tiene la obligación de sacar normas que regulen el funcionamiento de los establecimientos, y los padres, de no ser tan tolerantes, pues esa dejación convierte la situación en explosiva.

Mientras se encuentran soluciones «evitando prohibiciones inútiles» los vecinos de las zonas más afectados por la «movida» -Justicia, Opera, Las Letras, Chueca, Cuatro Caminos y Malasaña- se van a hacer oír. Están coordinando sus acciones y anuncian caceroladas y la colocación de pancartas aprovechando acontecimientos importante. «El debate no se debe cerrar en falso», concluyen.

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