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Segovia, 22/4/2002
Reclaman una normativa local sobre el ruido
J. H.
La Asociación “Segovia contra el ruido” reclama al Ayuntamiento de Segovia una nueva normativa local sobre el ruido que sancione “duramente” a los infractores. En una nota remitida al alcalde, José Antonio López Arranz, el colectivo le acusa de “dejadez” en la aplicación del reglamento existente sobre la materia. La asociación demanda una normativa que contemple el consumo de alcohol en la calle (botellón), “que termina convirtiéndose en montones de basura, vomitonas y ruidos para los vecinos”. También pide que se sancione “in situ” a las motos que circulan a escape libre y a los vehículos contaminantes. Además, exige una renovación de la flota de autobuses municipales, “a ser posible tecnológicamente menos contaminantes y ruidosos”, así como la utilización de asfalto anti-ruido en las nuevas obras de la capital.El presidente de “Segovia contra el ruido”, Miguel Ángel Barrera Nieto, recuerda al alcalde que el pasado 7 de diciembre de 2000 solicitó una entrevista con el concejal de Medioambiente, “y lo único que hemos obtenido es silencio por respuesta”. Además añade, que en el año 1994 el Ayuntamiento de Segovia tenía 45 denuncias y 39 actas con niveles superiores a los permitidos, “y el Consistorio anunciaba a bombo y platillo que precintaría los locales ruidosos. Han pasado ocho años y no sólo no se han precintado los locales, sino que se han incrementado”. En su opinión, “existe pasividad de las autoridades en la tramitación de expedientes, imposición de sanciones y medidas cautelares y ejecución de las mismas”.
En el escrito enviado a López Arranz, el colectivo señala que siete ayuntamientos españoles han sido condenados por vulnerar la normativa. Se trata de Sevilla, Murcia, Cartagena, Logroño, Palma de Mallorca, Valencia y Ayllón.
Los estudios realizados por la asociación reflejan que en las zonas de equipamiento sanitario los ruidos son superiores a la normativa, en las zonas industriales y el centro de la ciudad “sobrepasan con creces los niveles máximos permitidos”, mientras que en las zonas residenciales “se incumple casi en la totalidad con la legislación vigente”.
La asociación concluye exigiendo al Consistorio que no haya silencio administrativo “en un tema de caracter cívico, social y gravemente contaminante”.
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