La ordenanza contra el ruido provoca la primera crisis de gobierno entre PSOE e IU

ISABEL MATEO

En los últimos días, Abellán y el primer teniente de alcalde, Constantino Martínez Bernal, de Izquierda Unida, se han cruzado escritos de reproche a cuenta de la ordenanza de protección ambiental.

La polémica se inició a raíz de una carta del presidente de la asociación jumillana contra el ruido, Benito Santos Sigüenza, quien acusó al alcalde de no aplicar dicha normativa –que entró en vigor el pasado 11 de junio– en lo que se refiere al exceso de decibelios de las motos y ciclomotores.

La respuesta no tardó en llegar. El alcalde le contestó que estas críticas obedecían a una «estrategia partidista», ya que Santos Sigüenza es militante de IU y las competencias sobre el cumplimiento de la ordenanza, según defiende el regidor, corresponden al concejal delegado de Industria y Participación Ciudadana, Constantino Martínez Bernal.

Fue cuando la polémica terminó de enredarse. Entró en escena el edil de IU, quien apuntó que «lo que quiere el alcalde es escurrir el bulto». Martínez Bernal afirma que la tarea de controlar los vehículos es competencia de la Policía Local y recuerda que «el alcalde es el máximo responsable este cuerpo de seguridad municipal».

Constantino Martínez Bernal lamenta tener que discrepar en público «asuntos internos del gobierno local». Con todo, el portavoz de IU declara que «yo no romperé el pacto». La corporación jumillana está formada por 10 ediles del PP, 9 concejales de PSOE y dos representantes de IU.

Jumilla es uno de los municipios gobernados gracias a un acuerdo de gobierno entre ambas formaciones de izquierda. Coincidiendo con el segundo aniversario de estos pactos, desde la dirección regional de PSOE y de IU se insiste en seguir adelante.

Así, Cayetano Jaime Moltó (IU) indicó recientemente en Totana que la experiencia de gobierno local «nos está enseñando a comprender que el voto de izquierdas en su conjunto es una opción rentable» y que con «un equipo de gobierno cohesionado pueden prevalecer los intereses generales de los ciudadanos por encima de las diferencias ideológicas de los partidos».

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