El juez cita a Miguel Delgado como acusado de un delito de prevaricación

La acusación particular y la Fiscalía tratarán de probar la culpabilidad del alcalde en el caso Kiscubi

Blanca Salazar

Este auto de procesamiento, contra el que no cabe recurso, se deriva de la querella criminal presentada contra Delgado por la acusación particular de la entidad Kiscubi S.L., la cual sostiene desde 1999 que el alcalde había incurrido en "numerosas irregularidades" y dictado "una resolución arbitraria a sabiendas" con el fin de denegar la licencia de apertura que había solicitado dicha entidad para una discoteca y una pizzería en el centro comercial San Telmo, en Los Cristianos.

Posteriormente, como publicó este periódico el pasado domingo, el Ministerio Fiscal dio la razón a Kiscubi acusando a Delgado de un delito de prevaricación en la tramitación de dicha licencia y, además, pide que se impongan al acusado penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un período de ocho años y le atribuye la responsabilidad de asumir la indemnización económica que se le tendrá que pagar a Kiscubi si es finalmente condenado.

La decisión del juez de abrir un juicio oral y de citar a declarar a Delgado por un delito de prevaricación quiere decir que el magistrado, siguiendo la tesis del Ministerio Fiscal, ve indicios razonables de que el acusado ha incurrido en el delito que se le imputa.

Durante el interrogatorio al que tendrá que someterse Delgado a raíz de este auto de procesamiento, la parte querellante y la Fiscalía tratarán de probar su culpabilidad.

Para ello, parten de que los dos primeros informes que solicitó el alcalde para estudiar la viabilidad de la puesta en marcha de la discoteca que pretendía abrir Kiscubi fueron favorables y de que entre los mismos se encontraba un informe del secretario de la corporación.

Sin embargo, cuando había transcurrido el plazo de dos meses que establece la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas para que el Ayuntamiento se pronuncie sobre el otorgamiento de la licencia y cuando dicha potestad le correspondía ya al Cabildo de Tenerife por subrogación, Delgado pidió otro informe a la jefa del Servicio de Urbanismo, Contratación y Servicios Locales.

Ésta, contradiciendo al secretario, que es su superior, propuso que se denegara la licencia de apertura para la citada discoteca y, en base a este último informe, el alcalde resolvió el 25 de junio de 1999 denegar la apertura a Kiscubi, resolución que fue firmada por un secretario accidental.

Sin embargo, la parte querellante había comunicado al Cabildo el cuatro de junio de 1999 que el Ayuntamiento de Arona llevaba más de dos meses sin pronunciarse sobre su petición de licencia y, en base a ello, el Cabildo solicitó al Consistorio el ocho de junio de ese año que le remitiera el expediente de tramitación de esta licencia, con lo que el Ayuntamiento ya no podía pronunciarse al haberse subrogado el Cabildo en este caso.

Además de que el alcalde denegara la licencia en base a un sólo informe desfavorable que contradecía incluso al secretario; que lo solicitara cuando el Ayuntamiento ya no tenía competencias en el tema y que la resolución denegatoria fuera firmada por un secretario accidental, la parte querellante fundamenta su acusación en que la resolución final del Cabildo sobre dicha licencia fue favorable.

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