El Justicia pide regular por ley el exceso de ruido

CORTES INFORME SOBRE EL PROBLEMA EN LAS CIUDADES

JAVIER BENITO Zaragoza Fernando García Vicente sugirió que las Cortes elaboren una legislación propia frente al grave problema social del exceso de ruido en las ciudades, dado que es una materia en la que la Comunidad tiene competencias y la normativa en vigor –el reglamento estatal de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, de 1961–, «es muy antiguo y además no se aplica».

La nueva legislación contra la contaminación acústica –en cuya necesidad coincidieron todos los grupos parlamentarios–, debería desarrollar según el Justicia distintas medidas urbanísticas, educativas y también sancionadoras para evitar la «creciente frustración» que sufren las personas afectadas por este problema, entre las que con frecuencia hay niños o enfermos.

Para elaborar el informe, el Justicia envió una encuesta a los 51 municipios aragoneses de más de 2.000 habitantes (12 en Huesca, 11 en Teruel y 28 en Zaragoza). Lamentó que los ayuntamientos de las tres capitales de provincia dijeran carecer de datos sobre ruidos en los últimos cinco años. Por contra, elogió que, a diferencia de otras ciudades, se suele actuar de oficio en Sabiñánigo, Jaca y Tarazona.

Los datos recogidos reflejan que una amplia mayoría de expedientes sancionadores por exceso de ruidos se centra en bares, discotecas y otros establecimientos de hostelería. El resto de causas son mucho menos frecuentes. Entre las medidas propuestas, el Justicia destacó la necesidad de evitar a través de los planes urbanísticos que los lugares de esparcimiento coincidan con los de residencia. También estimó conveniente mejorar las normas de edificación para evitar que los vecinos de una misma finca oigan cómo uno de ellos «tira de la cadena», o tener en cuenta el nivel de ruido a la hora de contratar obras públicas.

De igual forma, explicó que no sirve de nada, e incluso puede crear otros problemas, enviar a la Policía Municipal a las tres de la mañana a una zona de bares con 5.000 personas. Lo que habría que hacer, recalcó, es exigir la licencia para la apertura de establecimientos y concederla sólo si se comprueba que el nivel de ruido no es excesivo.

García Vicente también destacó la necesidad de concienciación social sobre este problema, partiendo desde la escuela «para que los niños entiendan que no hace falta gritar para entenderse».

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