Ley 62/1978, de 26 de Diciembre, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona |
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Normas |
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Artículo
1.
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SECCION
PRIMERA: GARANTÍA JURISDICCIONAL PENAL.
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SECCIÓN
SEGUNDA: GARANTÍA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.
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SECCION
TERCERA: GARANTÍA JURISDICCIONAL CIVIL
- Disposición Final.
- Disposición Derogatoria.
- Disposiciones Transitorias.
De conformidad con la Ley aprobada por las Cortes, vengo en sancionar:
Uno. El ejercicio de los Derechos Fundamentales de la Persona, comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, gozará de las garantías jurisdiccionales que en la misma se establecen.
Dos. Quedan comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ley, sin
perjuicio de lo establecido en su
disposición final
, las libertades de expresión, reunión y asociación, la libertad y
secreto de la correspondencia, la libertad religiosa y la de residencia, la
garantía de la inviolabilidad del domicilio, la protección jurídica frente a las
detenciones ilegales y, en general, frente a las sanciones impuestas en materia
de orden público.
SECCION PRIMERA: GARANTÍA JURISDICCIONAL PENAL.
Uno. Los delitos y faltas contra los Derechos Fundamentales de la Persona, comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, serán enjuiciados por los Juzgados y Tribunales de la Jurisdicción Ordinaria, según su propia competencia.
Dos. Para el enjuiciamiento de estos delitos y faltas se observarán las normas de procedimiento correspondientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Tres. Cuando el conocimiento y fallo corresponda a la Audiencia Provincial, el trámite utilizado será el que dispone el Capítulo III del Título III del Libro IV de dicha Ley de Enjuiciamiento Criminal con las siguientes modificaciones:
Primera.- Los artículos de previo pronunciamiento se propondrán en el escrito de calificaciones provisional y serán resueltos en la sentencia definitiva.
Segunda.- El plazo para instrucción y calificación que concede el artículo setecientos noventa y siete de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se entenderá común, y de cinco días, para todas las partes acusadoras, y también común, y de la misma duración, para las partes acusadas.
Uno. Para el enjuiciamiento de los delitos cometidos a través de la imprenta, el grabado u otros medios mecánicos de publicación, sonoros o fotográficos, difundidos por escrito, radio, televisión, cinematógrafo u otros similares, se seguirán los tramites señalados en el Título V del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con las modificaciones señaladas en el párrafo tres del artículo anterior .
Dos. Los jueces, al iniciar el procedimiento, podrán acordar, según los casos, el secuestro de la publicación o la prohibición de difundir o proyectar el medio a través del cual se produjo la actividad delictiva.
Contra dicha resolución podrá interponerse directamente recurso de apelación, que deberá ser resuelto en el plazo de cinco días.
Uno. Cuando los delitos a que se refiere el artículo anterior sean los de calumnia o injuria, previstos y penados en los Capítulos primero y segundo del Título X del Libro II del Código Penal, en los supuestos a que se refiere el artículo 463 del mismo texto, bastará denuncia de la persona agraviada o, en su caso, de su representante legal, sin necesidad de acto de conciliación.
Dos. El perdón del ofendido o, en su caso, del representante legal extingue la acción legal o la pena impuesta o en ejecución.
Tres. Lo establecido en el párrafo anterior se aplicará también a las injurias livianas a que se refiere el número uno del artículo 586 del Código Penal.
Cuatro. Las ofensas dirigidas a la autoridad pública, corporaciones o clases determinadas del Estado y lo dispuesto en el Capíitulo VIII del Título II del Código Penal no sufrirán alteración en su actual sistema de persecución como delitos públicos.
Cinco. La indemnización por perjuicios materiales y morales será fijada en la sentencia expresamente. Los tribunales tendrán en cuenta el agravio producido y el medio a través del cual se cometiera el delito o falta, así como la difusión del mismo.
Uno. La tramitación de las causas a que se refieren los artículos anteriores tendrá carácter urgente y preferente, y su duración, desde la iniciación del procedimiento hasta la sentencia, no podrá exceder de sesenta días en las del artículo segundo ni de cuarenta y cinco en las del artículo tercero .
SECCIÓN SEGUNDA: GARANTÍA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.
SECCION TERCERA: GARANTÍA JURISDICCIONAL CIVIL
Dentro de los dos meses desde la entrada en vigor de la Constitución, y entre tanto se regula definitivamente el Procedimiento Jurisdiccional de Amparo o Tutela de los Derechos reconocidos en la misma, el Gobierno, por Decreto Legislativo, previa audiencia del Consejo de Estado, podrá incorporar al ámbito de protección de esta Ley los nuevos derechos constitucionalmente declarados que sean susceptibles de ella.
Se derogan los incisos b), c), d) y e) del apartado dos del artículo sesenta y cuatro de la vigente Ley de Prensa; el Real Decreto-Ley 24/1977, de 1 de Abril, y el Real Decreto 1048/1977, de 13 de Mayo, y cualesquiera otras disposiciones que se opongan a lo prevenido en esta Ley.
Uno . Las causas que se encuentren en trámite, por acciones u omisiones comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley, se acomodarán a las prescripciones de ésta, cualquiera que fuera su estado, incluso en el supuesto de que hubiere recaído siempre que ésta no fuera firme.
Dos . Los Juzgados, Tribunales y Autoridades de cualesquiera orden y jurisdicción distintas de las que componen la jurisdicción ordinaria, que estuvieren conociendo de actuaciones comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley, se inhibirán inmediatamente a favor de aquellas. El Fiscal del Tribunal Supremo acordará lo conducente al cumplimiento de estas normas.
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