Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo 27/6/1991.
Ponente: Sr. Escusol Barra

Revocación de licencia municipal; incumplimiento de condiciones: molestias; interés público; actividad de bar; proporcionalidad.

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Sentencias

 

El Alcalde de Altea (Alicante), con fecha de 25 de mayo de 1988, dictó Decreto por el que motivadamente, resolvió revocar la licencia de apertura concedida a D. José P.B. por acuerdo de la Comisión Municipal Permanente del día 21 de junio de 1985, y la clausura del establecimiento; interpuesto recurso de reposición fue desestimado por Decreto de 29 de julio de 1988.

Interpuesto recurso contencioso-administrativo por el Sr. P.B. la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en sentencia de 30 de septiembre de 1989, lo desestima.

Promovida apelación por el recurrente, el TS la desestima, confirmando la sentencia apelada.

Fundamentos de Derecho

Primero: Según consta en el expediente administrativo, D. José P.B., por acuerdo de la Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de Altea (Alicante) de fecha 21 de junio de 1985, obtuvo licencia para la apertura de un establecimiento destinado a Bar de 3ª categoría, sin ambiente musical. Dada la actividad a desarrollar, teniendo en cuenta el artículo 3ª y concordantes del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 y de la Instrucción 1/83, para la aplicación de dicho reglamento, la licencia otorgada tenía los siguientes condicionamientos: potencia de maquinaria (si la hubiere) inferior a 9 C.V.; carga térmica inferior a 80 Mcal/m2, y nivel sonoro máximo a transmitir a colindantes igual o inferior a 35 dB(A), no instalándose ambiente musical. La licencia concedida quedó condicionada: el titular del Bar D. José P.B. venía obligado a respetar los requisitos objetivos contenidos en la autorización administrativa para que no se produjeran ruidos o vibraciones incómodas para el vecindario.

Ante las continuadas incomodidades que para el vecindario de la calle Concepción de Altea, en cuya calla se instaló y funcionó el Bar "El Corralet", propiedad del apelante, se denunció a la Policía Local, por teléfono, sobre las 1'50 horas del día 10 de abril de 1988, denuncia que determinó que la Policía Loca acudiera al establecimiento-Bar dicho, donde había gran escándalo con unas 80 personas en el interior del bar bebiendo y cantando y unas 70 personas en el exterior en la misma actitud, y sonando música a gran volumen, superior a los 90 dB(A). Estos hechos fueron los determinantes de que el Alcalde de Altea acordara, con fecha 14 de abril de 1988, requerir al propietario de dicho bar para que manifestare lo que a su derecho convenga a fin de resolver lo procedente en evitación de molestias como las reseñadas. Así se inició el expediente administrativo, al que se unió las alegaciones de D. José P.B., nuevas denuncias de vecinos y dos informes de fechas 29 de abril de 1988 y 25 de mayo de 1988 de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Altea.

Dicho expediente administrativo terminó con el acuerdo del Alcalde de fecha 25 de mayo de 1988, por el que, con invocación expresa del artículo 16 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de fecha 17 de junio de 1955, revocó la licencia de apertura dicha concedida a D. José P.B., con la consiguiente clausura de la actividad desarrollada en dicho bar, acto confirmado en vía administrativa (recurso de reposición) y después en vía jurisdiccional.

Segundo: Lo expresado en el anterior Fundamento de Derecho, a tenor del contenido del expediente administrativo, lo es para puntualizar que estamos ante un expediente encaminado a concretar si la actividad desarrollada por D. José P.B., era acorde con las condiciones de la licencia otorgada o no. La Autoridad Administrativa, constatado el hecho de no subordinación de la actividad que se desarrollaba en el Bar a las condiciones de la licencia otorgada (art. 16 Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales), y constatada la realidad de las molestias e incomodidades causadas al vecindario por gran ruido de música, gritos y canciones de los clientes del bar (art. 3º del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, de 30 de noviembre de 1961), acordó revocar la licencia que había sido otorgada (art. 38.c) del citada Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas

Tercero: La Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en su sentencia de fecha 30 de septiembre de 1989, apelada, confirmó la decisión del Alcalde, por estar ajustada a derecho, después de valorar la prueba practicada en el proceso. El apelante, ante esta instancia, interesa la revocación de la sentencia apelada, por entender que los actos administrativos fueron dictados sin audiencia del interesado, lo que produjo indefensión -art. 24.1 de la Constitución-; que no se le dio oportunidad de aportar pruebas en el expediente (art. 24.2 de la Constitución); y que no era procedente la aplicación del art. 16 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y que la sanción impuesta es desproporcionada.

Cuarto: Lo alegado en este recurso de apelación por el apelante obliga a hacer las siguientes consideraciones:

1ª.- La Constitución garantiza la audiencia del interesado en la elaboración de los actos administrativos (art. 105.c). Por su parte el artículo 91 de la Ley de Procedimiento Administrativo, manda que en el expediente se dé vista a los interesados, antes de la propuesta de resolución, para que éstos en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, aleguen y presenten los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Se trata de un trámite esencial que se alza en garantía de los administrados, para evitar que se produzca indefensión; por otra parte la audiencia del interesado es también instrumento a través del cual pueden llegar a la Administración datos que ayuden a la misa a resolver el expediente.

En el presente caso, el expediente administrativo refleja que la Administración puso de relieve al interesado D. José P.B. la denuncia formulada en términos objetivos y le dio un plazo de 10 días a fin de que manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera. La Administración advirtió al interesado que, para evitar las molestias denunciadas por el vecindario, tendría que revolver lo procedente que podría ser incluso el cierre temporal o definitivo del establecimiento. Como la denuncia inicial -reiterada por otros vecinos en el curso del procedimiento-, contenía datos concretos y objetivos, el interesado formuló el correspondiente escrito de alegaciones, reconociendo los hechos si bien matizándolos, mediante la distinción (subjetiva) entre los hechos acaecidos en el interior del establecimiento y fuera del mismo. Respecto de los hechos acontecidos en el interior, incluso el escrito de alegaciones dice así: «No se niega, de otro lado, que hubiera sonido en el interior del local. Este sonido, no lo provoca exclusivamente la música, sino que obedece a las voces de las numerosísimas personas que, en esos momentos, ocupaba la totalidad del local».

La Administración dio al interesado el trámite de audiencia que utilizó, formulando las alegaciones que a su derecho convino y terminó por interesar del Alcalde el archivo de la denuncia. Por ello no es de estimar la alegación del apelante sobre que se produjera indefensión.

La cita genérica del art. 24.1 de la Constitución por parte del apelante, hace que tengamos que rechazar, también, que se haya producido falta de tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva, como derecho fundamental proclamado en el artículo 24 de la Constitución, es tanto como el derecho al proceso en el que las partes pueden ver satisfechas sus pretensiones. No se privó al apelante de dicho derecho fundamental, ni en proceso ni ahora en vía de apelación. Ahora bien, la tutela judicial efectiva no significa que se haya de dictar resolución conforme a lo pedido, sino que es el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho y ello lo obtuvo en la sentencia apelada y, ahora, en la presente sentencia.

2ª.- También debe rechazarse la alegación del apelante relativa a que no se le dio oportunidad de aportar pruebas en el expediente. Como se ha expresado, el interesado tuvo puntual conocimiento del contenido de la denuncia, y dentro del plazo concedido, formuló alegaciones, referidas a los hechos objetivos que se denunciaron. Pudo, pues, el interesado haber pedido la apertura de un período de prueba y haber propuesto la que le conviniere respecto de los hechos relevantes que desde el inicio puso de relieve el expediente. Mas D. José P.B. se limitó a reconocer los hechos, quitándoles gravedad (valoración interesada, subjetiva). No es posible aceptar, por tanto, que la Administración no diera oportunidad al hoy apelante de aportar pruebas: fue el interesado quien no hizo uso de su derecho.

3ª.- Finalmente, entiende el apelante, que la Administración no debía haber aplicado el artículo 16 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, puesto que los actos recurridos no hacen referencia a los arts. 36 y siguientes del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, y que, además, la sanción impuesta es desproporcionada.

La revocación de la licencia que anteriormente había sido concedida, obedeció a la conducta ilegal del hoy apelante porque incumplió las condiciones impuestas por el acto que le otorgó la licencia ahora revocada. El incumplimiento de las condiciones es la razón justificativa de la revocación de aquella sentencia, por lo que es correcta la aplicación del art. 16.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales: los actos impugnados, que la sentencia apelada declaró ajustados a Derecho, contienen la razón justificativa de la revocación acordada, de lo que se deduce que la Administración, valorando el expediente, tuvo en cuenta los preceptos de aplicación del Reglamento de actividades.

Respecto de la proporcionalidad de la sanción, la Administración, debe decirse que en el caso a que se refiere la presente apelación, la revocación de la licencia, comporta la sanción máxima, porque al estar frente a frente el interés público de los ciudadanos, que tienen su domicilio en la misma calle en que desarrollaba su actividad el bar referido, con el interés particular de D. José P.B., debe atenderse al primero en términos tales que se procure el restablecimiento total de la tranquilidad que habían perdido aquellos ciudadanos.

Quinto: Por todo lo que ha quedado razonado, procede la desestimación, en su totalidad, del recurso de apelación interpuesto por D. José P.B. y la confirmación de la sentencia apelada.

Sexto: Dados los términos del art. 131 de la Ley Jurisdiccional, no procede hacer declaración alguna sobre las costas procesales.


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